Con 64 votos a favor, uno en contra y una abstención, la mayoría de Morena y sus aliados legislativos, aprobaron reformas a la Ley General de Salud para desaparecer el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) creado por esta misma administración en noviembre de 2019.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Salud, Margarita Valdés, negó que la desaparición del organismo que brindaría el modelo de salud pública dirigido especialmente a personas que carecen de acceso a los servicios de salud y medicamentos, se trate del reconocimiento a un error.
“No nos equivocamos y seguimos construyendo un sistema de salud mucho mejor que el que tenemos ahorita”, afirmó, a pesar de que el organismo no logró las metas propuestas y sus funciones pasarán a IMSS-Bienestar.
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Por lo que ahora, será sólo un organismo descentralizado el operador de la Federación para la prestación de los servicios de salud en concurrencia con los estados.
Con esta aprobación eliminaron la palabra “permanente” para garantizar la existencia y disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud.
Actualmente, el artículo 29 de la Ley General de Salud, establece que la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, “y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes”.
Mientras que el decreto aprobado sin la presencia de la oposición y sin cambio alguno, establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud determinarán la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para otorgar “en el ámbito de su competencia” la prestación de servicios de salud a la población.
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Asimismo, el IMSS-Bienestar participará en los procedimientos de contratación, consolidada que instrumente la Secretaría de Salud, para la adquisición y distribución de los medicamentos y demás insumos asociados para la salud, con la finalidad de garantizar el abasto de los mismos.
También destaca que los gobiernos de los estados deberán coadyuvar en la operación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, al tiempo que se prohíbe el cobro de cuotas de recuperación por la prestación de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.
El decreto se envío al Ejecutivo Federal para su publicación.