La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia hoy el debate sobre la constitucionalidad del llamado Plan B, con el que el Gobierno pretendió desmantelar al INE sin pasar por una reforma constitucional.
Como ya se conoce, el proyecto del ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, propone invalidar en su totalidad las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades.
Administrativas, dos de las seis leyes secundarias que fueron reformadas por Morena y sus rémoras en San Lázaro para evitar reformar la Constitución.
El ministro Pérez Dayán propuso invalidar todas las modificaciones a las dos leyes arriba comentadas por “violaciones graves al proceso legislativo’’ por el que fueron aprobadas.
Ayer, nuevamente, la Consejería Jurídica de la Presidencia, trató de deslegitimar el trabajo de la Corte argumentando que “trata de sustituir al Congreso’’ si, como se espera, invalida esa parte del plan electoral del Gobierno.
La Consejería llamó a la Corte “un Poder derivado, sin legitimación popular’’, con lo que vuelve a atacar a los magistrados que considera hostiles y trata de revivir la vieja e inoperante propuesta de elegir a los miembros del máximo tribunal por voto secreto y directo.
La Corte tiene la legitimación de la Constitución que establece la convivencia de tres Poderes independientes.
Llevarla al terreno del populismo barato y trasnochado de querer deslegitimar su trabajo porque “no tiene legitimación popular’’, es un intento de censura abierto y cínico.
Para que la Corte invalide las reformas a las dos leyes que le correspondieron analizar a Pérez Dayán, se requieren ocho de 11 votos del pleno de ministros; se espera que voten en contra el expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, la ministra Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz.
El fin de semana hubo cabildeos para tratar de lograr el voto de un cuarto ministro o ministra para evitar que el Plan B se vaya a la basura.
Después vendrá la discusión de las 4 leyes reformas que forman parte del Plan B cuyo estudio y proyecto recayó en el ministro Javier Laynez Potisek.
Hoy, por lo pronto, se espera que el asedio a la Corte de parte de los instruidos seguidores de Morena, que mantienen un plantón afuera del edificio sede del Poder Judicial, se intensifique con el objeto de impedir que los ministros accedan al inmueble.
A ver.
****
El pasado 10 de abril, fue vinculado a proceso bajo el expediente de causa penal 66/2023, en el Reclusorio Oriente, Ramón “F”, uno de los principales socios de un despacho de abogados que litigan el caso mediante el cual Coastal Contracts y grupo Nuvoil tratan de despojar de sus derechos a las empresas TRESE y ARDICA.
Como ya le hemos comentado en ocasiones anteriores Coastal y Nuvoil, en sociedad con TRESE y ARDICA, conformaron un consorcio que ganó una licitación de Pemex por 500 millones de dólares, en el 2012, para la compresión de gas en altamar.
Ganada la licitación y después de meses de trabajo, Coastal y Nuvoil, trataron de deshacerse de sus socios de manera ilícita, lo que generó una demanda que lleva años y que apenas comienza a resolverse a favor de las afectadas.
El abogado fue encausado por los probables delitos de uso y abuso de la ley de amparo y por haber omitido intencionalmente información en un amparo lo que le provocó ventajas procesales a través de una suspensión con la que se estuvo evadiendo obligaciones de pago.
LEG