La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por voto directo –que emula lo que sucede en Bolivia– ya fue discutida y rechazada hace más de 100 años en México.
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Y para especialistas consultados, regresar a esta idea del pasado abriría la puerta a que la justicia se imparta conforme a la base electoral de los ministros elegidos.
El mandatario nacional reiteró, la semana pasada, su plan de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), con el que la ciudadanía sufragaría por los integrantes de la Corte, argumentando que esa instancia estaba “podrida” y se requería su renovación total.
Esto luego de que la Corte invalidó la primera parte de su Plan B electoral, debido a vicios en el proceso legislativo llevado a cabo por la mayoría morenista y sus aliados en el Congreso.
Hace más de 150 años, en la Constitución de 1857 se incluyó el voto directo para elegir a los integrantes de la Suprema Corte, pero en el texto constitucional de 1917, vigente hasta hoy, se eliminó esa forma de designación, con el argumento de que los presidentes en turno corrompieron el proceso de votación y los ministros se sometieron a los designios del Ejecutivo.
A su vez, en el contexto internacional, Bolivia es el único país en el que sus jueces del alto tribunal nacional son designados por voto popular, lo que ha sido criticado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros expertos.
Discusión centenaria
La Sección III de la Constitución de 1857, relativa al Poder Judicial en su Artículo 92, estableció que “cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral”.
Durante la discusión para aprobar el texto constitucional de 1857, el diputado Francisco Zarco dijo que “si el pueblo alguna vez se equivoca, mandando a un imbécil a la Corte, como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eterno, porque los magistrados van a ser amovibles”.
Esto de acuerdo a los debates que retoma Gonzalo Santiago Campos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su obra El Poder Judicial en la transición 1857-1917.
Mientras que en el debate del Constituyente de 1917, los legisladores expresaron los vicios causados por la experiencia de la elección directa de ministros en el país.
El diputado Fernando Lizardi señaló que en los pueblos más remotos del país, los ciudadanos no conocían ni siquiera que los jueces eran elegidos por voto; además, indicó que de haber elecciones judiciales “la campaña a favor de los candidatos sería política, para presentarlo como un individuo muy amante del pueblo”.
El constituyente Rafael Martínez Escobar afirmó en ese entonces que dejar en la Constitución de 1917 la elección popular de ministros “sería una mentira si vemos lo que sucedió en 1857; se estableció que los magistrados de la Suprema Corte fueran electos popularmente; de entonces acá, tenemos que todos los Presidentes de la República han venido designando solo a sus amigos incondicionales, y la Corte no ha sido una institución de justicia, sino que únicamente se han ido resolviendo los asuntos que convienen al Ejecutivo en turno”.
Es decir, que la propuesta del Presidente López Obrador de elecciones judiciales ya fue discutida hace más de 100 años y desechada por el Constituyente de las leyes vigentes, debido a que los comicios para integrantes fueron corrompidos por los presidentes en turno.
Análisis
Al respecto, Raúl Pérez Johnston, abogado constitucionalista, dijo que “uno de los riesgos de someter a elección a integrantes del Poder Judicial al mismo tiempo que diputados, senadores y al presidente de la República es que se tendrán jueces, magistrados o ministros que van a votar en función de los intereses de su base electoral”.
Elegir por medio de votos al Poder Judicial, continuó en entrevista con 24 HORAS, puede parecer “muy tentador y muy práctico para un Gobierno que está queriendo llevar a cabo transformaciones profundas del Estado de Derecho”.
Pero también, advirtió, puede tener muchos riesgos,al erigir un Gobierno sin contrapesos y por esta razón es que en aras de salvaguardar un equilibrio a los jueces se les saca de las elecciones.
Dada la importancia que tienen los juzgadores, consideró Pérez Johnston, se necesita que su elección sea de naturaleza distinta.
“Considero que el sistema ha funcionado relativamente bien, no voy a decir que no ha habido temas en el pasado y polémicos; todos los conocemos, sentencias contradictorias, criterios contradictorios de los jueces, pero a mí me da gusto ver que tenemos una Corte plural en donde las votaciones son divididas, en donde hay una deliberación técnica-jurídica de interpretación constitucional, en donde funcionan las mayorías qué a veces aprueban las resoluciones, a veces no”, apuntó el experto constitucionalista.
Sobre la elección de ministros, jueces y magistrados, el constitucionalista señaló que no es deseable que en ese supuesto se esté discutiendo su designación en función de quién es más popular y no quién está más capacitado para ocupar el cargo.
“Me parece que las propias constituciones o los constituyentes que crearon esas constituciones previeron precisamente que la legitimidad de la Suprema Corte debe de ser contra mayoritaria para generar ese balance y equilibrio entre los poderes”, enfatizó el experto.
Experiencia internacional
A nivel internacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia es el único que se elige por voto popular.
Al respecto, el jurista y exprocurador de la República Diego Valadés aseguró que el caso boliviano “ha sido un fracaso, por la escasa participación electoral y por la baja calidad de diversas resoluciones jurisdiccionales, con sesgos ideológicos, sin rigor, imparcialidad ni objetividad”.
“Se trata de una medida demagógica… La integración de la judicatura debe orientarse por la mejor preparación de los juzgadores, y por que realicen sus labor de manera independiente, autónoma, imparcial y diligente”, sentenció.
En su informe de las elecciones judiciales más recientes, en 2017, la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que la mayoría de la población todavía desconocía el propósito de esos comicios y a los candidatos.
También se destacó el alto porcentaje de votos nulos, por lo que los actuales jueces bolivianos fueron electos con un alto porcentaje de abstencionismo.
Sobre la propuesta de López Obrador de emular esa modelo, el expresidente del INE Lorenzo Córdova Vianello criticó en su cuenta de Twitter que “fue en Bolivia justamente en donde la Corte Constitucional (integrada por jueces electos) determinó que al prohibirse en la Constitución la reelección de Evo Morales por más de una sola vez se violaban sus derechos humanos, abriendo la puerta a la reelección de por vida”.
Abundó que a los ministros, electos por voto popular, “no les importó que unos meses antes la mayoría del pueblo boliviano hubiera votado mayoritariamente en un Referéndum por no avalar una segunda reelección de su presidente. O sea, fue contra la voluntad popular… y aquí se quejan… ¡De veras!”.
Con información de JORGE X. LÓPEZ
Va Mier por consulta popular sobre plan de AMLO
Con el objetivo de que el “pueblo de México” decida si los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben o no ser electos por el voto directo, el coordinador de.los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, anunció que propondrá una consulta popular.
El legislador propuso que la consulta se lleve a cabo en agosto de 2024, una vez concluido el proceso electoral y con apego a la ley.
“La gente podría decidir si los ministros deben ser electos por voto directo, con un proceso previo al reconocimiento, a la meritocracia y a su currículo, formación, eficacia y experiencia dentro del Poder Judicial”, señaló.
El coordinador consideró que existe un problema en el Poder Judicial, porque dictan sentencias injustas o no dictan sentencias, tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, tanto en el fuero común como en el fuero federal, “y no pasa nada, no hay ninguna responsabilidad solidaria y debería de haber una sanción”.
Ante ello, expresó estar consciente “que son temas espinosos, son temas que pisan callos y pisan llagas, pero lo peor que puede pasar es que nos quedemos callados”.
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