Un duro golpe fue el que recibió Napoleón Gómez Urrutia, y vino directito de los mineros de Caborca, en Sonora, y de las autoridades, quienes le impidieron seguir secuestrando la mina La Herradura. Por varios días, más de 2 mil 800 familias mostraron su rechazo a la intromisión de Napillo, quien le ordenó a un pequeño grupo de personas bloquear las entradas a este centro laboral para impedir que los mineros entraran a realizar sus actividades.
Napillo se coló entre la base echando mentiras: abusando del desconocimiento prometió el pago de jugosas utilidades, omitiendo que el recurso depende de las ganancias de las empresas en su año fiscal y, peor aún, sin decir que él impulsó la reforma laboral que aprobó que las utilidades se toparan a tres meses, disminuyendo hasta 80% el pago de este derecho.
Usurpando funciones a nombre de una supuesta mayoría, mantuvieron tomada la mina de manera ilegal, se burlaron de los mineros que buscaban trabajar y no perder su salario, no les importó el impacto en el aguinaldo y otras prestaciones; sin embargo, no lograron convencer a casi nadie, el tema de las utilidades se diluyó, lo que realmente les importaba era mantener la mina cerrada hasta que los trabajadores sí o sí se afiliaran a su sindicato, cosa que no lograron ni de chiste.
Napillo y sus secuaces son conocidos en Sonora, ya que les robó a los mineros de Cananea 55 millones de dólares, ahí mantuvo por más de una década una de las huelgas ilegales más largas del sector minero, dejando en el desempleo a miles de familias.
Esta vez, ni los mineros, ni el FRENTE, ni el Gobierno le permitieron repetir la historia; en esos movimientos lo único que persigue Napillo es dinero, que le quiten las acusaciones por el robo o sumar afiliados para seguir lucrando con los trabajadores.
En el FRENTE defendimos los intereses de mis compañeros, y es que mientras en su mansión, con sus lujos, con el futuro económico resuelto por los 55 millones de dólares que se robó, Gómez Urrutia secuestraba las fuentes de empleo, nosotros como titulares del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) mantuvimos el diálogo con la empresa en busca de soluciones al conflicto iniciado por las utilidades. Como resultado, anuncié a mis compañeros el beneficio económico de dos meses de salario mediante un bono de continuidad laboral y el pago completo del mes en curso, sin descontar los días no laborados por la toma ilegal de los Napillos.
Tras la aprobación de la propuesta económica, los mineros del FRENTE hicieron una megamarcha pidiendo a las autoridades liberar la mina y ejercer su derecho al trabajo, esta solicitud también la hicimos al orden federal y local mediante un desplegado. La protesta fue pacífica, dejando en claro a Napillo que Caborca no sería su nueva Cananea.
Gracias a la suma de esfuerzos y a la intervención del Gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo, los mineros recuperaron el empleo que les arrebató curiosamente el senador, quien ahora despotrica contra quien hizo valer la ley y cerró la puerta al abuso de poder.
Retamos a Napillo a que nos explique, ¿qué derecho defendía privando del trabajo a miles de mineros? ¿En qué ley está que se pueden pisotear derechos con tal de cumplir el capricho de un senador? ¿En cuál artículo constitucional se avala transgredir el derecho al libre tránsito por orden de un funcionario público? La respuesta es: en ninguno, lo que hace es totalmente ilegal, se esconde tras el fuero intentando cobrar venganza a quienes lo denunciamos y a quienes le ponen un alto, sépanlo, a ese fue al que rescataron del exilio.
@CarlosPavonC