Las ciudades reescriben su fisonomía y sus nombres. La dignidad de sus referentes actuales e históricos las constituye.
Digna Ochoa y Plácido, abogada y defensora en derechos humanos asesinada en 2001, se agregó como nombre a una calle y a una avenida de cambio y de un valor cardinal.
En la colonia Doctores, donde está ubicada la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, anteriormente llamada Gabriel Hernández, la nomenclatura evoluciona oficialmente.
El nombramiento forma parte de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): poner su nombre a una calle en Misantla, Veracruz, donde nació, y otra en la CDMX como parte de las medidas de reparación del daño cometido en contra de Digna Ochoa y su familia.
La presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas; el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, y la fiscal Ernestina Godoy revela interés por la atención a causas elementales omitidas como parte del encubrimiento de las responsabilidades del Estado, ese espacio de derecho, población, Gobierno y valores comunes.
Precisamente donde se encuentra el búnker hay un cambio convergente. Una nueva Fiscalía en concordancia con el cambio de régimen iniciado en 2018 y el cumplimiento de compromisos representados por una vida y un nombre.
Prácticamente 22 años después de su ausencia, este proceso reivindica desde la CDMX y para todo el país la dignidad de la lucha por los derechos humanos, como lo ha impulsado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en su propia concordancia y robustez comprometida con una agenda donde la comunidad que habita la izquierda reivindica a sus personalidades más significativas.
La tarde del 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa fue encontrada sin vida en su despacho en la calle de Zacatecas 31, en la colonia Roma. Había sido víctima de amenazas y secuestros; el primero en agosto de 1999. Un mes después recibió sombríos mensajes por correo en el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, donde laboraba. Durante dos años tuvo medidas provisionales de protección, retiradas dos meses antes de su muerte.
Durante la investigación, se generaron hipótesis vinculadas con sus actividades en casos de violaciones graves a los derechos humanos como la masacre de Aguas Blancas, el caso de los hermanos Cerezo Contreras acusados de terrorismo. Algunos hablaron de suicidio.
En enero de 2022, la CIDH dijo que encontró fallas en el manejo de la escena del crimen y en la necropsia, además del uso de estereotipos de género encaminados a cuestionar la credibilidad de la víctima.
El Estado mexicano reconoció su responsabilidad por la violación a las garantías judiciales y acordó generar una ruta para reabrir la investigación y determinar las causas de la muerte, con diligencias con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género.
La dignidad de una ruta y de una vida es ahora parte de la ciudad que la nombra.
@guerrerochipres