México tiene el primer lugar con 85 mil millones de intentos de ciberataque en el primer semestre de 2022, por lo que se propuso imponer prisión de seis meses a dos años y una multa de 90 a 250 Unidades de Medida y Actualización vigentes a quien cometa un delito informático.
TE PUEDE INTERESAR: Cero tolerancia a violencia contra niñas, niños y adolescentes: Godoy
Esta iniciativa fue presentada por el diputado Jhonatan Colmenares del PRI, quien señaló que si el autor es servidor público procederá la destitución e inhabilitación de entre seis meses y tres años.
El proyecto pretende que en el artículo 214 del Código Penal de la Ciudad de México se establezca que comete delito informático quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro información, conversaciones o mensajes de texto, imágenes o archivos de voz, contenidos en sistemas o equipos informáticos obtenidos a través de mecanismos distintos a la intervención de comunicación privada, mediante el empleo de aparatos o dispositivos electrónicos fijos o móviles o a través de la suplantación de identidad con el fin de defraudar, obtener dinero, bienes o información.
De igual forma, quien sin autorización acceda, modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos informáticos de carácter gubernamental, empresarial o civil que estén o no protegidos por algún mecanismo de seguridad, o que sin autorización acceda a dichos sistemas a través de cualquier mecanismo que de manera directa o remota les cause daño.
En tanto, el diputado del tricolor expuso que el delito cibernético se ha convertido en un negocio que supera el billón de dólares anuales producto del fraude cibernético, el robo de identidad y la pérdida de propiedad intelectual.
Colmenares citó que México tiene el primer lugar con 85 mil millones de intentos de ciberataque en el primer semestre de 2022, lo que representa un aumento del 40% en cifras anuales, seguido de Brasil con 31.5 mil millones durante el mismo periodo de tiempo y en tercer lugar está Colombia, con 6.3 mil millones.
La iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
LEG