A distancia, sin ningún sustento legal y con el único interés de sacar beneficio propio, Napoleón Gómez Urrutia ordenó a unos cuantos iniciar un paro de labores por más de 15 días en la mina La Herradura, en Caborca, Sonora, violando la ley y jugando con el empleo de más de 3 mil personas.

Gómez Urrutia, quien no es minero y que nunca ha trabajado en una mina, tomó de pretexto un supuesto derecho sobre las utilidades para iniciar ese paro, engañando a algunos y pagando a otros para que se sumaran a él. Durante esos días hicieron creer que eran cientos los que estaban con ellos; sin embargo, no pudieron esconder la realidad, siempre se supo que eran minoría.

Napillo presume diplomas como economista y, en su defensa, diremos que ha demostrado conocimiento en el tema de los dólares, sabe el valor que tienen, para muestra, los 55 millones de dólares que les robó a los compañeros de Cananea; no obstante, no logra entender lo que son las utilidades, ha torcido la ley para desinformar e iniciar esos paros. Sabe dónde está la necesidad y lucra con ella. Desde el primer minuto de iniciado, ese paro violó la legislación laboral y el derecho al trabajo de los compañeros de Caborca.

Napillo se siente dueño de las minas, cree mandar sobre ellas, vive equivocado al pensar que lo que él dice se debe hacer, que puede ejercer en ellas la misma tiranía con la que maneja su empresa familiar que esconde bajo fachada de sindicato.

Practica un sindicalismo que se puede definir como de enfrentamiento, gusta de echar a pelear a la gente, de ponerlos en contra para desestabilizar el empleo, tal como lo hizo en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero; y Sombrerete, Zacatecas, donde inició huelgas eternas, mismas que en dos de los tres casos los trabajadores pusieron fin, aunque él siga insistiendo y mintiendo que éstas continúan vigentes.

Este personaje trae la arbitrariedad en la cabeza, utiliza prácticas ilegales para desquitar su enojo contra gobernadores y también contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que se la vive incendiando estados, incluso previo a las giras de trabajo. Es una manera, aseguran, de amedrentar al que se le ponga enfrente, de seguir haciendo su voluntad a golpe de amenazas.

Que no se le olvide que además de haberse autonombrado dueño, presidente y secretario general del sindicato minero, también es funcionario público y debe rendir cuentas, dar la cara y explicar a los obreros a los cuales privó de su derecho al trabajo, cuál es el sustento legal que utilizó para cometer esos paros, en cuál derecho se basó. Simplemente no hay, los paros no tienen justificación legal, son indefendibles, al igual que los reclamos hechos por su esposa en redes sociales, quien se ha dedicado a maltratar y ofender por igual a funcionarios públicos que a mineras o mineros que se oponen a Napillo, aseguran y justifican que ella padece un mal que tiene que ver con la ingesta de bebidas alcohólicas, sin embargo, esto no le da derecho a violentarlos.

Que quede claro, ni la señora, ni Napillo son trabajadores mineros, ella nunca le ha preparado un lonche a su marido para que éste se vaya a trabajar; ellos llegaron al sindicato no por méritos ni por derecho, se apoderaron de la Secretaría General, tras el fallecimiento de Napoleón Gómez Sada, al imponerse como herederos universales, pisoteando los estatutos y los derechos sindicales.

 

    @CarlosPavonC