Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo obtuvieron la suspensión definitiva relacionada con el amparo, presentado en julio de 2020, frente a las afectaciones ambientales ocasionadas por el Tren Maya, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
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El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán otorgó la suspensión definitiva a efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden los tramos: 3 (Calkiní – Izamal), 4 (Izamal-Cancún) 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulum-Chetumal), de modo que no se permita la remoción de la vegetación forestal.
Dicha decisión todavía puede ser impugnada ante un Tribunal Colegiado de Circuito, además de que en la actualidad hay un acuerdo presidencial que califica al Tren Maya como un proyecto de interés y seguridad nacional, con lo que podría quedar a salvo de los amparos que sean concedidos.
De acuerdo con el CEMDA, el Juzgado de Distrito consideró que las personas quejosas demostraron su interés en la obtención de la medida cautelar al acreditar su pertenencia a las comunidades posiblemente afectadas por los cambios de uso de suelo y demostraron el vínculo que tienen con los servicios ambientales que presta el ecosistema vulnerado.
A su vez, se retoma el argumento del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al señalar que las autorizaciones provisionales emitidas con base en el Acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea no suple las autorizaciones que implican un estudio técnico y científico previo a la obra.
Esto, al no emitirse, pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará, porque permitiría el inicio de los trabajos sin conocer las repercusiones y daños que pueden ocasionarse con ella, en la inteligencia de que en muchas ocasiones los daños ambientales son irreparables
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