Legisladores de todas las bancadas partidistas olvidaron sus diferencias para aprobar una reforma al artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para que ningún violentador de mujeres y deudor de pensión alimentaria, pueda acceder a un cargo de elección popular.
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Con 50 votos a favor, en el Congreso de la Ciudad de México se avaló la llamada “Ley 3 de 3” que dará mayor protección a las mujeres y sus hijos para desarrollarse en una vida libre de violencia; ahora, será enviada a la jefa de Gobierno para que haga su promulgación en la gaceta oficial y entre en vigor.
La perredista Gabriela Quiroga afirmó que esta norma contra la violencia de género representa la consolidación de la lucha de muchas mujeres contra personas que acceden a cargos públicos y sus casos quedan en la impunidad.
“Las reglas ahora están cambiando, damos paso a la feminismocracia donde estamos las mujeres al frente y los derechos al centro y donde no vamos a dar un paso atrás”, expuso.
La diputada Yuriri Ayala de Morena expuso que con esta reforma al marco normativo electoral se incrementan los requisitos para ocupar un cargo de elección popular, al estipular como características de inelegibilidad el haber sido sentenciado por agresiones o incumplimientos legales.
La lista de faltas son: “Violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres en razón de género; haber sido sentenciado o sancionado penal o administrativamente por actos de discriminación por género, identidad o expresión de género u orientación sexual; o estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos o en el Registro de Personas Agresoras Sexuales”.
La diputada morenista Nancy Núñez pidió que este dictamen sea enviado en carácter urgente al ejecutivo local para su promulgación inmediata.
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