La única forma de que Morena financiara a sus corcholatas presidenciales era hacer creer que se disputaban un cargo partidista.

Eso no iría contra la ley: Morena puede financiar intercampañas por cargos partidistas.

Pero ayer salió Mario Delgado, presidente del partido presidencial, a decir que Morena no financiará a ninguno de los cuatro suspirantes.

¿Entonces?

Las reglas que fijó el presidente López Obrador y acataron los presidenciables dejan muchos cabos sueltos; tantos, que ya Ricardo Monreal pidió un adendum y Marcelo Ebrard se quejó de algunas condiciones.

No hay un tope de campaña, por lo que cualquiera puede financiar a su corcholata preferida; puede haber incluso dinero de origen dudoso.

No hay quien fiscalice el uso de esos recursos.

Obviamente, quién más le invierta tendrá mejores resultados y créalo, no saldrán de los ahorros de los precandidatos.

No hay una Comisión de Quejas, por lo que todos pueden violar las reglas que dijeron iban a respetar.

No hay claridad en el cuestionario que se hará para la famosa encuesta.

El resultado se puede sesgar si se incluyen preguntas inducidas, que para eso sirven las encuestas a modo.

Pero como todos firmaron de conformidad que la Comisión de Elecciones de Morena realizará la logística y el cuestionario de la encuesta y que esta decisión será “inapelable’’, pues a quejarse a su rancho.

No habrá pues control de los presidenciables morenistas de parte de la dirigencia del partido (que claramente está inclinada por una corcholata) y ya dependerá del INE si la carrera guinda se ve o se siente como una competencia por un cargo partidista o si de plano están violando la ley.

Ahora, a partir del sábado, los veremos correr como potros desbocados.

Más de uno tropezará.

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En este espacio le hemos informado puntualmente sobre el concurso mercantil promovido por Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (TRESE), debido a las maniobras de la empresa malaya Coastal, Nuvoil, CI Banco y Pemex.

El caso se remonta al 2012 cuando TRESE forma una sociedad con Coastal y Nuvoil para la construcción y renta a Pemex de una plataforma de extracción de gas en aguas profundas; Coastal quiso dejar fuera a su socio mexicano a la mala y ahí comenzó el pleito que obra en el expediente 666/2016 del Juzgado Séptimo de Distrito en materia civil de la CDMX.

Pues bien, 73.5% del total de los acreedores decidieron conciliar y apoyar a la empresa TRESE y firmaron un convenio que pone fin al procedimiento concursal, además ratificaron al Grupo Empresarial ANACAR como especialista en cualquier etapa del concurso.

Esto porque a la fecha las actuaciones tanto de TRESE (comerciante) y ANACAR (síndico y luego conciliador) obligaron a Pemex como contratante y a CI Banco como fiduciario, a suspender la fuga de recursos que a través de instrucciones ilegales provenientes de la malaya Coastal desviaban a través de su asociado Nuvoil.

El litigio sigue en proceso -el pleito supera los 120 millones de dólares- y aparentemente la única opción de Coastal y Nuvoil para ganar el caso es que se declare la quiebra plena de la empresa TRESE, para lo cual cabildean entre jueces y magistrados.

Su argumento, presentado también a funcionarios del IFECOM, es que TRESE se lleva fondos que no le corresponden, lo cual ha sido resuelto y ha quedado superado con más de siete sentencias firmes.

LEG