Uno de los temas centrales que enfrentarán los precandidatos de Morena a la presidencia de la República sin duda es el de la seguridad -más bien: la inseguridad- como la queja número uno de la sociedad.

Hasta ahora, la estrategia gubernamental parece haberse quedado estancada en la contención de delitos de alto impacto, pero han aumentado las agresiones contra el patrimonio personal y sobre todo contra empresas pequeñas y medianas a las que se extorsiona a cambio de no atacarlas.

Del punto culminante de julio de 2018, los homicidios dolosos tocaron piso en febrero de 2022, pero volvieron a repuntar con altas y bajas hasta la fecha. El dato oficial de una disminución de 13.4% de las muertes violentas es muy poco para cinco años, sobre todo contrastando la enorme inversión en recursos y sobre todo en personal dedicado a la seguridad.

Las cifras gubernamentales hacen hincapié en la responsabilidad federal de la seguridad, pero los problemas se siguen manifestando a nivel de fuero común, es decir, de responsabilidad directa de las autoridades locales.

Si los precandidatos de Morena quieren ir más allá del voto de los militantes, entonces podrían ensayar propuestas de seguridad que comiencen a permear en el ánimo de los ciudadanos, con la circunstancia agravante y previsible de que la oposición va a incrementar sus críticas a la política de seguridad como una forma de quitarle votos a Morena.

Pero el problema debe enfocarse desde el punto de vista de los resultados, no sólo de los compromisos y promesas. Los datos de la inseguridad tienen detectadas a las extorsiones a personas y pequeños negocios y la venta de droga al menudeo -es decir: la inseguridad hormiga– como el factor que sigue preocupando al ciudadano de a pie.

Zona Zero

  • La decisión de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, de refugiarse en la zona militar ante las amenazas de muerte de los delincuentes dio la mala imagen de que la autoridad civil es incapaz de protegerse a sí misma con un mensaje de seguridad a los ciudadanos y significó, en los hechos, la entrega de la plaza al crimen organizado. Si una autoridad municipal no puede cuidarse a sí misma, entonces refleja la incapacidad para tratar de proteger a la sociedad. Son varios los municipios donde las autoridades prefieren la connivencia criminal que la aplicación de la ley para limpiar sus territorios de delincuentes.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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