La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene años, literalmente, solicitando a la Cámara de Diputados la explicación técnica del por qué el presidente López Obrador estableció como techo salarial 108,000 pesos mensuales, pero hasta ahora no ha cumplido con el reclamo.

En cambio, el Gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, que suponemos debería ocuparse de asuntos más importantes, envió casi casi un ultimátum a la Corte para que en un plazo de 5 días explique por qué los magistrados ganan más que el Presidente.

Esta petición, que pudiera ser un distractor para no hablar del desaseado proceso de elección -que no selección- del candidato presidencial de Morena, tiene historia e histeria.

Desde el primer año de esta administración, el gobierno aprobó la llamada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la que se establecía que ningún empleado del gobierno podía ganar más que el Presidente.

La ley fue declarada inconstitucional por la Corte, en mayo del 2019; Morena insistió con una iniciativa corregida que fue aprobada en el Congreso y promulgada en mayo del 2021.

A la par, Morena también impulsó la Ley Federal de Austeridad Republicana, que reforzaba la anterior pero que además añadía un candado para que los empleados públicos, de director a secretario de Estado, estuvieran impedidos para trabajar en el sector privado 10 años después de dejar su cargo.

La Corte declaró inconstitucional, en abril del 2022, ese despropósito.

El asunto, aparentemente dormido, revivió en marzo de este año, luego de que el Gobierno federal enviará una serie de reformas administrativas que incluyen cambios a las leyes de Remuneraciones y de Austeridad.

Básicamente, se trata de cambios a las leyes orgánicas de los organismos autónomos, cuyos empleados de alto nivel se han amparado en defensa de sus salarios y prestaciones actuales.

La iniciativa plantea reformar los marcos jurídicos del Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INEGI, el INAI, la Cofece, el IFT, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Y del Poder Judicial, obviamente.

Hay cambios también en la ley de Austeridad, cuyo punto medular, prohibir a los empleados trabajar en el sector privado por 10 años después de su encargo, fue declarado inconstitucional por la Corte.

Para resolverlo, el Gobierno planteó un esquema gradual aplicable de acuerdo con el cargo del empleado.

Para los directores generales, la prohibición será de 4 años; para los jefes de unidad, de 6 años; para las subsecretarías, 8 años; para las secretarías, 9 años, y para el Presidente de la República si aplican los 10 años.

No hay una explicación técnica del por qué el Presidente fijó, por sus pistolas, un sueldo de 108,000 pesos al inicio de su administración ni de por qué se prohíbe a un mexicano/a ejercer su profesión después de haber sido servidor público.

Estas decisiones tienen su origen en el discurso político de la austeridad republicana que no ha hecho sino pauperizar el servicio público y encarecer la corrupción.

La petición de que la Corte explique por qué los magistrados ganan más que el Presidente parece obvia.

Lo que no lo es el por qué la Cámara de Diputados encabezada por morenistas se han negado sistemáticamente a responder a la Corte cómo es que se determinó que el Presidente debe ganar 108,000 pesos (al inicio del sexenio) y por qué empleados con altas responsabilidades y con años en el servicio público deben aceptar empobrecerse si quieren mantenerse en el trabajo.

LEG