Revictimización, falta de atención e impedimentos en la representación jurídica, son algunos de los conflictos que las organizaciones de la sociedad civil que representan a las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, han tenido que enfrentar para garantizar la atención de sus representados, ya sean víctimas directas o indirectas del evento que dejó 40 migrantes fallecidos.
Integrantes del Instituto para las Mujeres en la Migración informaron que de 2018 a la fecha, se han reportado más de 41 motines y al menos 8 incendios en estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM).
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Además, se han reportado más de 60 muertos en estaciones migratorias desde 2015 a la fecha y se han emitido más de 60 recomendaciones INM por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ante el Grupo de Trabajo para Dar Seguimiento a los Hechos Ocurridos en la Estación Migratoria Lerdo-Stanton del Senado, los colectivos señalaron que las víctimas del incendio presentan estrés postraumático, problemas respiratorios, deficiencias neurológicas, entre otros casos y no existe un acompañamiento de las autoridades.
Daniel García, abogado integrante de Fundación para la Justicia, acusó que han tenido dificultades para que a los familiares de las víctimas se les reconozca su calidad de víctima indirecta.
Además, señaló que ni la Fiscalía General de la República ni la Comisión de Atención a Víctimas les ha informado sobre el procedimiento penal.
“Hay impedimentos para la representación jurídica”, y muchas personas inconformes por la falta de información y por las dificultades para ratificar las denuncias.
La abogada Lorena Cano acusó un desprecio a las organizaciones de la sociedad civil, dijo que no existe un seguimiento real por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Señaló que a la fecha como representante legal de algunas víctimas del incendio en Ciudad Juárez, no ha tenido acceso a sus expedientes, tampoco la copia o número del registro nacional de cada una de las víctimas que están representando.
Dijo que han solicitado el apoyo de la CEAV para obtener expedientes médicos pero que hasta ahora no les han respondido. Por lo que advierten un desprecio al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
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Incluso señalaron que a tres meses de la tragedia, no ha habido una reunión con la titular de la Comisión y las víctimas o sus representante.
Al respecto, el presidente del Grupo de trabajo, el senador de Morena, Rafael Espino, reiteró que desde el Senado, tienen “la voluntad de seguir escuchando y dar seguimiento a la investigación, para saber realmente qué fue lo que pasó y cuál es papel y la competencia de cada una de las instancias que están involucradas en esto, para que sirva realmente el reporte para cambiar las cosas”.
Por su parte, la panista Kenia López , presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, reconoció que, a casi cuatro meses ocurrido el gobierno no ha pedido perdón a las víctimas directas e indirectas de este lo que llamó un “crimen de Estado”.
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, adelantó que los integrantes de este grupo de trabajo irán a Ciudad Juárez, Chihuahua para reunirse con migrantes y escuchar sus necesidades.
EAM