Revictimización, falta de atención e impedimentos en la representación jurídica son algunos de los conflictos que las organizaciones civiles que representan a las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez han tenido que enfrentar en favor de las víctimas, tras el evento que dejó 40 migrantes fallecidos.
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Integrantes del Instituto para las Mujeres en la Migración informaron que, de 2018 a la fecha, se han reportado más de 41 motines y al menos ocho incendios en estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM).
Además de más de 60 muertos en estaciones migratorias desde 2015 a la fecha, con más de 60 recomendaciones al INM por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ante el Grupo de Trabajo del Senado para Dar Seguimiento a los Hechos Ocurridos en la Estación Migratoria Lerdo-Stanton, los colectivos señalaron que las víctimas del incendio presentan estrés postraumático, problemas respiratorios, deficiencias neurológicas, entre otros casos, y no existe un acompañamiento de las autoridades.
Daniel García, abogado integrante de Fundación para la Justicia, acusó que han tenido dificultades para que a los familiares de las víctimas se les reconozca su calidad de víctima indirecta.
Además, señaló que ni la Fiscalía General de la República ni la Comisión de Atención a Víctimas les han informado sobre el procedimiento penal.
“Hay impedimentos para la representación jurídica”, así como muchas personas inconformes por la falta de información y por las dificultades para ratificar las denuncias.
Por su parte, la abogada Lorena Cano acusó un desprecio a las organizaciones de la sociedad civil, pues dijo que no existe un seguimiento real por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Señaló que a la fecha, como representante legal de algunas víctimas del incendio en Ciudad Juárez, no ha tenido acceso a sus expedientes, ni tampoco a la copia o número del registro nacional de cada una de las víctimas que están representando.
Dijo que han solicitado el apoyo de la CEAV para obtener expedientes médicos, pero que hasta ahora no les han respondido. Por lo que advierten un desprecio al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
Incluso señalaron que, a tres meses de la tragedia, no ha habido una reunión con la titular de la Comisión y las víctimas o sus representantes.
Al respecto, el presidente del Grupo de trabajo, el senador de Morena Rafael Espino, reiteró que desde el Senado tienen “la voluntad de seguir escuchando y dar seguimiento a la investigación, para saber realmente qué fue lo que pasó y cuál es papel y la competencia de cada una de las instancias que están involucradas en esto, para que sirva realmente el reporte para cambiar las cosas”.
Por su parte, la panista Kenia López , presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, reconoció que a casi cuatro meses de lo ocurrido, el Gobierno no ha pedido perdón a las víctimas directas e indirectas de lo que llamó un “crimen de Estado”.
El senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza adelantó que los integrantes de este grupo de trabajo irán a Ciudad Juárez, Chihuahua, para reunirse con migrantes y escuchar sus necesidades.
FRASE
“Saber realmente qué fue lo que pasó y cuál es papel y la competencia de cada una de las instancias que están involucradas en esto, para que sirva realmente el reporte para cambiar las cosas”
Rafael Espino
Senador de Morena
Busca INM que migrantes tengan defensor de oficio
Por: Valeria Chaparro
Tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional de Migración (INM) busca concretar un convenio con el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), para que las personas alojadas en sus estaciones migratorias cuenten con un defensor de oficio.
Este miércoles, el Instituto propuso al IFDP realizar un Convenio de Coordinación Institucional para garantizar el acceso de abogados de oficio a las Estaciones Migratorias, con el fin de asistir jurídicamente a las personas extranjeras alojadas.
Esto como seguimiento a la solicitud realizada de manera formal por el INM a la directora general de dicho Instituto, Taissia Cruz Parcero, para que todas las personas sujetas a procedimientos migratorios cuenten con un defensor de oficio para su protección jurídica.
La medida se da después de que el 15 de marzo pasado , la Primera Sala de la Suprema Corte determinara que “en todo procedimiento migratorio, el Estado se encuentra obligado a asignar un defensor o defensora de oficio para la persona migrante”.
En dicha determinación también se estableció que el plazo máximo de detención y alojamiento en estaciones migratorias es de treinta y seis horas, tras las cuales las personas que se encuentren sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad.
Debido a esto, desde el pasado 17 de marzo, el INM emitió instrucciones para que la temporalidad máxima de una persona extranjera en condición de movilidad en una estación migratoria sea de 36 horas y así cumplir con lo emitido por la SCJN.
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