La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya (SSC), en Guanajuato, incurrieron en violaciones graves a derechos humanos por uso excesivo de la fuerza, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y tortura contra habitantes de la comunidad Rincón de Tamayo.
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Lo anterior, durante la realización de un operativo policiaco, ante el rechazo de habitantes a la apertura de la Junta Municipal de Agua y Alcantarillado (Jumapa) el 15 de enero de 2023.
Un integrante del Comité de Familias Afectadas de esta localidad presentó una queja ante este organismo nacional en donde denunció que los agentes hicieron uso excesivo de la fuerza pública y ocasionaron lesiones a varios vecinos.
La investigación realizada por personal de la CNDH permitió constatar violaciones graves a los derechos humanos, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal de los pobladores, atribuibles a elementos de dicha corporación.
El análisis de las evidencias permitió comprobar que la SSC omitió adoptar medidas para atender las necesidades de la comunidad, como mesas de diálogo u otras alternativas de solución pacífica.
ABUSO POLICIAL Y TORTURA
Tampoco se constató la presencia de personas que detonaran armas de fuego en contra de los policías o terceras personas, por lo que no se justifica que dispararan de manera indiscriminada en contra de la población, donde había adultos mayores y menores.
Además, emplearon gases lacrimógenos sin advertencia previa, lo que provocó afectaciones temporales a la salud de varias personas, según se aprecia en videos y fotografías del momento, lo que ocasionó que la resistencia se agravara y derivara en un enfrentamiento que se prolongó por tres horas en calles de la localidad.
Durante los hechos, la SSC detuvo a 23 personas, de las cuales nueve fueron remitidas ante el juez cívico por faltas administrativas y el resto puestas a disposición de la autoridad ministerial competente.
Al respecto, la CNDH acreditó actos de tortura, consistentes en agresiones físicas, psicológicas y amenazas, que violentaron la integridad personal de las víctimas.
LEG