La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, advirtió de las intenciones de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar la voluntad de los gobernantes, bajo las reglas únicamente de las mayorías.
En su participación en el Congreso Mundial de Derecho realizado en Nueva York, la ministra señaló también la intención de mermar la independencia judicial como una vía para debilitar la división de poderes en la región, lo cual enciende focos rojos.
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“Enfrentamos el riesgo de perder todo lo ganado por la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial.
“La historia no miente, los argumentos de odio, los argumentos sin razón, las constantes críticas, la adjetivación y descalificación de las juezas y los jueces nunca han sido buenos consejeros. De esta dimensión es el reto que enfrentamos”, dijo Piña Hernández.
En México, dijo, y en gran parte del mundo, surgen voces y movimientos que intentan poner en entredicho la legitimidad de la función judicial.
“Pretenden mermar, a veces de forma sutil, otras de forma directa, la independencia de los poderes judiciales. Intentan diluir la división de poderes y, con esa pretensión, vulneran no sólo uno de los pilares más básicos de nuestras democracias, sino también, directamente, los derechos humanos de las personas”, sostuvo la ministra.
Ante ello, continuó, sería un grave error de quienes integran los poderes judiciales asumir que la independencia judicial está dada, pues no basta con su mención en los textos constitucionales para que sea una realidad.
Señaló que otra vertiente de la independencia judicial tiene que ver con la garantía de los derechos humanos, pues consideró que la independencia judicial no es una cuestión que se ocupa únicamente de las relaciones entre los poderes públicos del Estado y del Poder Judicial frente a factores políticos y económicos.
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Sino que brinda a los jueces un espacio de libertad y seguridad para dedicarse a asegurar procesos y decisiones justas, por lo que debe entenderse como una precondición para un mayor y más efectivo acceso a la justicia.
“Sin embargo, resulta fundamental no quedarnos en la precondición; es decir, reducir la independencia judicial a una garantía exclusiva para los juzgadores, dejándose a un lado la vinculación con el derecho de acceso a la justicia de las personas.
“Con el ánimo de deslegitimar a los poderes judiciales, se tiende a definir a la independencia judicial, ya no digamos como un “espacio de libertad” para los juzgadores, sino incluso como un privilegio. Privilegio en el mal sentido, como una ventaja excesiva, como una concesión superior para los juzgadores”, expuso Piña.
EAM