Hace unos días, durante la invitación que amablemente me hizo el Colegio de México para participar en el seminario sobre Violencia y Paz, tuve la oportunidad de intercambiar una serie de reflexiones y propuestas en torno a la seguridad, que es el tema de temas en nuestro país.
Ahí compartí con integrantes de la comunidad académica y la audiencia de las plataformas digitales Nuestra Visión Acerca de un México Seguro, documento que recoge la propuesta que tenemos en la materia, a partir de su análisis desde tres ópticas: la seguridad jurídica, la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia.
Y es que, debemos aceptarlo, nuestro país está herido. La inseguridad que prevalece en todo el territorio nacional desde hace varios lustros no sólo lastimó la convivencia, sino que también ha menoscabado la tranquilidad de las familias.
Si bien han sido muchos y efectivos los esfuerzos realizados durante la presente administración, lo cierto es que la seguridad sigue siendo una asignatura pendiente. De ahí la pertinencia de presentar propuestas debidamente sustentadas y a partir del diagnóstico del entorno que viven cada día miles de personas en el país.
En primer término, tenemos que reforzar el respeto por la ley. Tanto la ciudadanía como las autoridades deben entender que la ley es necesaria para mantener la cohesión social e impulsar la igualdad y el crecimiento, toda vez que uno de los anhelos fundamentales en México es lograr que la ley se convierta en el marco real de las relaciones sociales.
Esto quiere decir que se tiene que impulsar y defender el Estado de derecho, lo cual implica, invariablemente, respetar la Constitución y las leyes emanadas de ella. Es decir, que la acción política del Gobierno se debe desarrollar, en todo momento, dentro de la legalidad y en abierto rechazo a la violencia.
En segundo término, para garantizar el cabal cumplimiento del artículo 21 constitucional, proponemos construir un país en el que nadie esté al margen de la ley. Para ello se requieren tres herramientas. La primera es fortalecer la prevención, atacando las causas raíz y atendiendo la pobreza y la marginación mediante programas sociales. La segunda es la intervención y profesionalización de la fuerza armada permanente, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, bajo una estrategia y un plan que respete los derechos humanos. La tercera herramienta se refiere a contar con un diagnóstico en cada región e intensificar las actividades de inteligencia.
Finalmente, debemos enfocar nuestros esfuerzos a proveer una justicia pronta y expedita, a partir de una indispensable e impostergable reforma integral en materia de justicia. Solamente de esta manera se podrá combatir efectivamente la impunidad, generar confianza en la autoridad, fortalecer el tejido social y lograr la paz y tranquilidad que anhelamos las y los mexicanos.
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