Durante la audiencia realizada el martes 18 de julio ante el Juez de Control que sigue las causas penales abiertas en contra Emilio Lozoya Austin, el procesado afirmó que a su parecer “raya en la extorsión” el monto de 30 millones de dólares planteado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para una posible reparación del daño generado en los casos de Agronitrogenados y de Odebrecht.
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Al respecto, la unidad detalló, a través de un comunicado, que Lozoya, siendo Director de Pemex compró con sobreprecio la empresa Agronitrogenados, lo que causó graves daños al patrimonio de esta entidad pública y, por ende, a la Nación.
El 29 de enero de 2014, Pemex erogó 275 millones de dólares en la compra de una infraestructura industrial (Agronitrogenados) que no estaba en operación desde 1999.
El sobreprecio de esta compra fue de 216 millones de dólares, es decir, Lozoya compró por 275 mdd algo que en realidad valía 58 mdd.
En los años sucesivos, Pemex siguió haciendo gastos de rehabilitación de la infraestructura adquirida ilegalmente.
Así, la operación fraudulenta de Lozoya, solamente en el caso de Agronitrogenados, le ha costado a México 760 millones de dólares.
En esa operación de compra por parte de Pemex, el C. Lozoya recibió como “mordida” de parte del vendedor Altos Hornos de México, representado por Alonso Ancira, una cantidad de al menos 8.4 millones de dólares a través de triangulaciones internacionales de lavado de dinero.
Por fortuna, el gobierno de México ha logrado recuperar de Alonso Ancira Elizondo, como reparación del daño, el sobreprecio de 216 millones de dólares, de los cuales ya se han pagado 104 mdd y Ancira tendrá que entregar a Pemex los 112 mdd restantes del 1º de diciembre de 2023.
En otro proceso penal abierto contra Lozoya se tienen identificados otros sobornos por al menos 7.3 millones de dólares, pagados por la empresa trasnacional brasileña Odebrecht, a la cual se le adjudicaron tres contratos por parte de Pemex (Salamanca, Tula I y Tula II).
De las actividades ilícitas de Lozoya se desprendieron también dos compras de inmuebles en el mercado mexicano por 7 millones de dólares.
Lo anterior indica que el monto del probable daño a la Nación por parte del procesado debe ser calculado analizando todas las consecuencias de las actividades ilícitas de Lozoya.
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Finalmente, es de tomarse en cuenta que en un procedimiento de reparación del daño se hace indispensable el acuerdo entre las partes.
RM