Las últimas revelaciones periodísticas señalan la existencia de una nueva droga en Estados Unidos conocida como zombi: fotografías exhiben a consumidores en las calles caminando justamente como zombies, sin conciencia, la cabeza gacha, los brazos caídos y la mirada perdida.
California, Nueva York y ahora Filadelfia aparecen como víctimas del consumo desordenado de esa droga y protegidos los usuarios por las autoridades. En Nueva York, las autoridades municipales sólo se dedican a regalar jeringas para eso hay otras drogas, de tal manera que se disminuyan las infecciones mortales, aunque con datos también oficiales que señalan que esa facilidad no ha hecho más que aumentar el consumo.
El uso de drogas en Estados Unidos es un derecho social garantizado por los gobiernos, sin atender ni entender que sólo se está promoviendo el mayor consumo de estupefacientes, además de aumentar el costo presupuestal que dedican las autoridades para atender las adicciones crecientes.
Los pocos datos que se tienen sobre la droga zombi indican que su distribución forma parte de traficantes locales que la adquieren y la mezclan para venta al menudeo en las calles. Amplias zonas urbanas tienen las calles invadidas de consumidores caminando como si fueran escenas de alguna película de terror en el género de los muertos-vivos.
El Gobierno del presidente Biden acaba de reforzar los mecanismos para combatir a las organizaciones criminales transnacionales (TOC, por sus siglas en inglés), es decir los cárteles del narcotráfico que tienen su sede en México, pero que han abierto estructuras sólidas y casi autónomas dentro de Estados Unidos para recibir el contrabando de drogas, distribuirlas en todo el territorio estadounidense y manejar su venta al menudeo en más de 3 mil ciudades americanas.
En términos comparativos, los cárteles de la droga zombi son peores que los cárteles mexicanos.
Zona Zero
- La semana pasada volvieron a circular reportes que revelan una creciente corrupción al interior de la DEA, la oficina antidrogas estadounidense que forma parte del Departamento de Justicia, pero que se maneja con una autonomía casi total y con programas que solo han beneficiado a los cárteles. Las revelaciones señalan la existencia de cuando menos dos agentes que no sólo se corrompieron en lo particular, sino que lograron crear una red de lavado de dinero, de desvío de recursos para programas antidrogas y presupuestos que carecen de control.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh