El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de Tlaxcala detectó irregularidades financieras en el Gobierno de Lorena Cuéllar García por 137.4 millones de pesos.
De acuerdo con los resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2022, las anomalías en el ejercicio del gasto se hallaron en los rubros de Salud, Educación e Infraestructura.
El mayor daño a la Hacienda Pública ocurrió en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala por 33.5 millones de pesos, debido a gastos fantasmas; es decir, sin ningún tipo de documentación comprobatoria, así como el pago de servicios de los cuales no se detectó su aplicación.
También se detectaron pagos a personal inexistente o que no acreditaron relación laboral con esa instancia educativa y viáticos pagados sin cumplir la normativa.
En el Organismo Público Descentralizado de Salud, las presuntas irregularidades fueron por 30.2 millones de pesos, entre las que destacan pagos y servicios fantasmas, debido a que no se presentaron documentos de su aplicación.
Otra de las anomalías fueron obras a las que se destinaron recursos, pero no se entregaron, así como “ocultamiento de su documentación comprobatoria de su ejecución”.
La Secretaría de Infraestructura de Tlaxcala resultó con 20.5 millones de pesos de irregularidades, entre las que otra vez resaltan los pagos por servicios sin documentación de su aplicación, así como la ejecución de obras y compras de bienes superiores al valor de mercado.
A su vez, se entregaron expedientes de obras de las que no comprobó su existencia física, además de otras con “procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en la infraestructura
SERVICIOS FANTASMA
La auditoría de Tlaxcala detectó 10.2 millones de pesos de anomalías financieras en la Unidad de Servicios Educativos de la entidad; resalta que la mayoría fueron por pagos improcedentes a personal de la dependencia, así como servicios fantasmas, de los que no hubo documentación comprobatoria.
En el caso de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT), no se pudo acreditar el uso de recursos por 18.7 millones de pesos, y en el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl fueron 7.9 millones de pesos.
Respecto a estas dos dependencias, por el porcentaje del monto observado al presupuesto, el órgano fiscalizador de Tlaxcala señaló que no acreditaron las auditorías y se podrían iniciar las investigaciones para denunciar, en su caso, ante las autoridades judiciales.
ANTICIPAN CESE DE FUNCIONARIOS
El pasado 30 de junio, cuando las indagatorias de la auditoría tlaxcalteca estaban por entregarse al Legislativo local, Marco Castillo fue removido como rector de la Universidad Politécnica, y Humberto Macías Romero, quien fue diputado del PAN, fue cesado como director del fideicomiso.
Sin mayores detalles, el Gobierno de Lorena Cuéllar anunció el cese de los funcionarios que hoy se conoce que durante sus gestiones se cometieron presuntos daños a la Hacienda Pública, que equivalen a más del 15% de su presupuesto anual.
Otra veintena de dependencias tuvieron observaciones que van de los 4 millones a los mil pesos, por más de 16 millones de pesos, entre las que destacan Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, los institutos Infraestructura Física Educativa, Deporte y Educación para Adultos, así como la Comisión Estatal del Agua y la Fiscalía de la entidad.
NÚMERO
30.3 mdp
fue el monto de las irregularidades del Organismo Público Descentralizado de Salud
LEG