Este lunes se realizó la audiencia de apelación sobre la demanda civil del Gobierno de México contra fabricantes de armas de Estados Unidos y cuya resolución de los jueces de la Corte de Apelaciones podría anunciarse entre seis y ocho meses, detalló el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Alejandro Celorio.
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El mejor escenario, explicó, es que la Corte decida que el juez de primera instancia erró en su análisis jurídico y le ordene que el litigio continúe y que vuelva a revisar los argumentos.
El peor escenario, comentó Celorio, es que los jueces den la razón al juez de primera instancia que desechó la demanda con el argumento de que hay una ley de inmunidades que le impide al Gobierno de México demandar a las empresas a las que están acusando.
“Lo que nosotros cuestionamos en nuestro argumento es que la ley de inmunidades no establece formalmente que las empresas de la industria de las armas gozan de inmunidades de daños que ocurran en Estados Unidos y en otros países.
“La lectura que da el Gobierno de México a este tema es que la ley de inmunidades (…) establece que: si llegara a proteger a la industria de las armas, lo hacen de daños ocurridos únicamente en la jurisdicción estadounidense (…) nos podríamos preguntar ¿cómo una ley de un país extranjero puede ofrecer derechos o protecciones en territorio mexicano?”, explicó Celorio.
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En video conferencia de prensa, el funcionario consideró que el hecho de que este tema se está discutiendo y se haya cambiado la narrativa ya es de suma importancia ya es una victoria en sí misma, aunque no judicial.
“Nos alejamos mucho del oscurantismo, de dónde provienen las armas o por qué es que aparecen en manos de los criminales en México. Las armas están en México no por generación espontánea, sino por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los criminales puedan acceder a ellas en los Estados Unidos”, enfatizó.
El consultor jurídico de la Cancillería agregó que la demanda presentada por México contra la industria de las armas por su negligencia, tiene dos petitorios esenciales.
Uno es que se cubra por los daños sufridos por el Gobierno de México por el tráfico ilícito generado por sus prácticas negligentes, y se estima que el Gobierno de México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de arma.
Finalmente, recordó que existen dos demandas presentadas por México, una en Boston, de la cual hoy se celebró una audiencia, y otra en Tucson, presentada ante una Corte Federal y dirigida contra cinco empresas que venden armas en Arizona y están señaladas por su comercio irresponsable y negligente que facilita el tráfico de armas de manera ilícita a nuestro país.
PGR
