Este 22 de febrero se celebró la primera audiencia del caso que México inició en octubre del 2022 contra cinco tiendas de armas en Arizona.
Foto: Cuartoscuro / archivo / En agosto de 2021, el Gobierno mexicano presentó acciones legales en contra de la comercialización de armas y su tráfico ilícito hacia México  

Dentro del proceso de la demanda civil que presentó el Gobierno de México en contra de empresas productoras de armas en Estados Unidos, ayer se llevó a cabo una audiencia de apelación para continuar con el litigio, cuya resolución podría anunciarse entre seis y ocho meses, detalló el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Alejandro Celorio.

El mejor escenario, explicó, es que la Corte decida que el juez de primera instancia erró en su análisis jurídico y le ordene que el litigio continúe y que vuelva a revisar los argumentos.

El peor escenario, dijo Celorio en video conferencia, es que los jueces den la razón al juez de primera instancia que desechó la demanda, con el argumento de que hay una ley de inmunidades que le impide al Gobierno de México demandar a las empresas a las que están acusando.

“Lo que nosotros cuestionamos en nuestro argumento es que la ley de inmunidades no establece formalmente que las empresas de la industria de las armas gozan de inmunidades de daños que ocurran en Estados Unidos y en otros países.

“La lectura que da el Gobierno de México a este tema es que la ley de inmunidades (…) establece que: si llegara a proteger a la industria de las armas, lo hacen de daños ocurridos únicamente en la jurisdicción estadounidense (…) nos podríamos preguntar ¿cómo una ley de un país extranjero puede ofrecer derechos o protecciones en territorio mexicano?”, explicó el consultor jurídico.

En agosto de 2021, el Gobierno mexicano presentó acciones legales en contra de la comercialización de armas y su tráfico ilícito hacia México.

Acusaron a los fabricantes de armas de acciones negligentes en el comercio de armas que están íntimamente vinculadas a la violencia que se vive en el país.

Celorio consideró que el hecho de que este tema se esté discutiendo y se haya cambiado la narrativa ya es de suma importancia y es una victoria en sí misma, aunque no judicial.

El consultor jurídico de la Cancillería agregó que la demanda presentada por México contra la industria de las armas por su negligencia tiene dos petitorios esenciales.

Uno es que se cubra por los daños sufridos por el Gobierno de México por el tráfico ilícito generado por sus prácticas negligentes.

Dijo que se estima que el Gobierno de México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de arma.

Finalmente, recordó que existen dos demandas presentadas por México, una en Boston, de la cual ayer se celebró una audiencia, y otra en Tucson, presentada ante una Corte Federal y dirigida contra cinco empresas que venden armas en Arizona y están señaladas por su comercio irresponsable y negligente, que facilita el tráfico de armas de manera ilícita a nuestro país.

FRASE

“Nos alejamos mucho del oscurantismo; de dónde provienen las armas o por qué es que aparecen en manos de los criminales en México (y es) por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los criminales puedan acceder a ellas en los Estados Unidos”
Alejandro Celorio
Consultor jurídico de la SRE

Posponen sentencia para García Luna

La sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, declarado culpable en Nueva York en febrero por un jurado de narcotráfico y falsedad documental, ha sido pospuesta hasta el 1 de marzo de 2024, anunció este lunes el tribunal federal de Brooklyn, que juzgó su caso.

Inicialmente prevista para el 27 de junio, la sentencia había sido aplazada hasta el 27 de septiembre antes de pedir una nueva prórroga, después de que el abogado defensor César Castro solicitó al juez más tiempo para analizar nuevas pruebas a favor de su defendido.

El juez instructor del caso, Brian Cogan, anunció en un breve mensaje que la “Corte encuentra que el acusado ha demostrado una buena causa para la solicitud de una ampliación”. 

LEG