El grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados prepara una iniciativa para que las comparecencias de funcionarios públicos tengan una responsabilidad penal si no acuden a los llamados a comparecer y si mienten sobre lo que informan, dijo el diputado federal Jorge Triana (PAN).
Expresó que se pretende también que los llamados a comparecer por parte del Poder Legislativo tengan un carácter de obligatoriedad y al no hacerlo o mentir en ella pueda ser equiparado al delito de falsedad en declaración porque no se cumple con las responsabilidades que van de acuerdo al cargo.
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“No ha venido a comparecer Rocío Nahle (secretaria de Energía) a la Cámara de Diputados, no ha querido; ni siquiera en el marco de la Glosa del Informe, que es una obligación constitucional, aquí viene el que quiere y el que no quiere no viene, y eso no debe ser, porque un poder vigila al otro”, expresó Triana en conferencia de prensa.
Precisó que la iniciativa, aunque ya fue presentada, la están fortaleciendo y buscarán que sea suscrita al menos por sus aliados del PRI y el PRD.
Triana comentó que en otros países como Estados Unidos un funcionario que no quiere comparecer ante una comisión de investigación en el Senado puede ser arrestado y llevado a la fuerza a comparecer.
“Aquí estamos buscando un esquema similar, que haya por lo menos dos llamados para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y al tercero, pues se convierta ya en un delito de carácter penal, en una anomalía, por supuesto, de carácter penal, que tendrá consecuencias en un juzgado y que esto puede hacer también obligatorio, esto pueda llevarlo a cabo obligatorio, no multas, no llamadas de atención, no amonestaciones, sino una denuncia de carácter penal”, enfatizó.
El otro aspecto de esta iniciativa, continuó el panista, es que todo lo dicho bajo protesta de decir verdad si se comprueba que es falso sea equiparado al delito de falsedad en declaración.
“Si se comprueba que hubo una mentira que se dijo un dato impreciso, inexacto, dolosamente podrá ser considerado un delito de falsedad en declaración parte del delito de falsedad en declaración y por supuesto que se actuará penalmente al respecto”, expresó.
Agregó que también preparan modificaciones a las leyes para regular las reasignaciones que hace el Poder Ejecutivo en el presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados.
Explicó que el Gobierno puede hacer transferencias entre partidas presupuestales, pues administran el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero lo que no puede hacer el Gobierno es hacer transferencias entre programas o entre dependencias de un lugar a otro.
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“Y (el actual gobierno” hace lo que se les da la gana, si quisieran hacer este tipo de cambios de transferencias de programas, tendrían que pedirle permiso a la Cámara de Diputados porque nosotros autorizamos que hubiera, digamos 10 pesos para compra de medicamentos, ellos no pueden quitar esos 10 pesos para mandarlos al Tren Maya, eso es ilegal y lo están llevando a cabo, tendríamos que nosotros aprobar esas transferencias”, indicó.
Dijo que la iniciativa que tiene al respecto necesitan revisarla para que las sanciones sean más severas, principalmente para el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es quien permite y ejecuta este tipo de transferencias.
CSAS