En medio de la crisis migratoria que afecta a la región, la política antiinmigrante del gobernador de Texas, Greg Abbott, generó una controversia que trasciende fronteras. Su decisión de instalar boyas en el río Bravo, con el supuesto objetivo de frenar a las personas migrantes, ha sido cuestionada y llevada a los tribunales por la administración del presidente Joe Biden.
La colocación de barreras flotantes, sin la debida autorización federal, no sólo vulnera la soberanía de México, sino que también pone en riesgo la vida de decenas de mujeres, hombres y menores migrantes que buscan cruzar la frontera en busca de una vida mejor.
Estas boyas, además de representar una obstrucción a la navegación, plantean serios problemas humanitarios, al forzar a las y los migrantes a buscar rutas más peligrosas y arriesgadas para cruzar el río. La política de Abbott es insensible y violatoria de los derechos humanos, pero también se muestra como un muro invisible que ahoga las esperanzas y los sueños de quienes huyen de la violencia y la pobreza.
La decisión de la administración federal de demandar al estado de Texas por la instalación de las boyas, es un paso en la dirección correcta para defender los principios de la Ley de Ríos y Puertos de 1899, así como los acuerdos internacionales que protegen los derechos de los países vecinos.
Sin embargo, es preocupante que esta acción legal tenga que ser tomada en primer lugar, lo que evidencia la necesidad de una mayor coordinación y cooperación en materia migratoria entre los gobiernos federal y estatales de Estados Unidos.
En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo estadounidense por la denuncia contra Abbott y criticó las políticas del gobernador texano a las que calificó como “propaganda ramplona”.
Lo cierto es que la crisis migratoria es un desafío que comparten Estados Unidos, México y toda la región. Es necesario abordar este tema con responsabilidad y sensibilidad, buscando soluciones que protejan los derechos humanos de las personas en tránsito y promuevan una migración ordenada y segura.
La colocación de boyas no resolverá los problemas de fondo y sólo profundizará la crisis humanitaria en la frontera. Es hora de abandonar las políticas antiinmigrantes y buscar una verdadera cooperación entre países para abordar las causas estructurales del fenómeno, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades.
Es momento de dejar de lado las barreras físicas y políticas y trabajar en unidad para buscar una salida que promueva la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas migrantes. Únicamente a través de un enfoque comprensivo y solidario podremos encontrar soluciones sostenibles que beneficien a todas y todos y respeten la dignidad humana.
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