El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó las compras para la logística de la elección de 2024, con un contrato de arrendamiento de vehículos por un máximo de 277 millones de pesos… El cual se otorgó a una empresa sancionada.
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La empresa en cuestión es de las que mayores contratos tiene con dependencias federales, pero ha sido inhabilitada y multada por irregularidades en la asignación de contratos.
El proceso se dio mediante la licitación pública LP-INE-013/2023, pero resalta que a la Junta de Aclaraciones, llevada a cabo el pasado 27 de abril, solo se presentó un corporativo, así como al acto de Apertura de Propuestas, del 4 de mayo pasado. Es decir, no hubo interés de otras empresas por ganar el contrato de arrendamiento del INE.
El pasado 15 de mayo se emitió el fallo de la licitación, en la que se determinó que la única empresa participante cumplió con los requisitos legales y técnicos, por lo que se le asignó un contrato abierto para la renta de automóviles en lo que resta de este año y 2024.
El INE es encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei desde el 3 de abril pasado, por lo que este contrato se adjudicó ya en su administración.
La primera partida se trata del arrendamiento de camionetas pick up, en modalidad 4×2, de cuatro cilindros y transmisión manual, con un monto máximo de 67.9 millones de pesos.
También se adquirió, en modalidad de renta, otro paquete de camionetas doble cabina, pero con opción de combustible diésel, por un costo máximo, en 2023 y 2024, de 210.7 millones de pesos.
En total, el monto máximo para la renta de camionetas para que las utilice el personal del INE es de 277 millones de pesos por dos años, tras los cuales deberá regresar las unidades a la empresa.
Aunque al momento de participar en el proceso de adjudicación del órgano electoral la empresa no estaba inhabilitada, en 2021 recibió una sanción por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por incumplir un contrato federal.
La dependencia informó que resolvió sancionar a la empresa con inhabilitación por un año y multa económica por un millón 433 mil 874 pesos, por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal.
El Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio de Protección Federal determinó que incumplió el contrato que le había sido otorgado para la renta de vehículos, al no entregar unidades con las especificaciones técnicas que se requerían.
El contrato señalaba que el servicio sería prestado con vehículos seminuevos, modelo 2015 en adelante, en perfecto estado de operación y funcionamiento, que no tuvieran más 40 mil kilómetros en el odómetro.
Sin embargo, la investigación confirmó que proporcionó 13 unidades con kilometraje superior al especificado y al menos un automóvil de mayor antigüedad.
La indagatoria derivó de una auditoría realizada en 2019 por la Función Pública referente a adquisiciones, arrendamientos y servicios, de la que se desprendieron indicios de un probable incumplimiento de contrato, pero fue hasta 2021 que se le inhabilitó por un año y se le ordenó pagar una multa.
Es decir, que al momento de firmar el contrato con el INE, dicha empresa ya no tenía vigentes las sanciones que le fueron impuestas en 2021, por incumplir un contrato con el Gobierno federal.
La organización de los comicios presidenciales y para la renovación del Poder Legislativo, diputados y senadores, arrancará en la primera semana de septiembre, mientras que en los estados tendrán diversas fechas de arranque, aunque se homologarán varios procesos.
El Consejo General del INE aprobó por unanimidad, hace unos días, ejercer su facultad de atracción para determinar fechas homologadas en la conclusión de los periodos de precampañas y para recabar apoyo de la ciudadanía hacia las personas aspirantes a candidaturas independientes, durante los Procesos Electorales Locales 2023-2024 en las 32 entidades federativas.
Dicha determinación, indicó, permitirá llevar a cabo una adecuada coordinación y un puntual seguimiento del proceso electoral, mismo que se traduce en el logro de los objetivos institucionales y en la promoción de certeza y claridad al interior y exterior del Instituto.
A su vez, obedece principalmente a respetar la integralidad y el principio de certeza en los procesos electorales, en razón de la complejidad operativa y cumplimiento de las actividades de fiscalización, asignación de tiempos, monitoreos y difusión de propaganda de la campaña federal durante las precampañas locales, entre otros.
Al ejercerse la facultad de atracción por parte del INE, por ningún motivo se sustituye o se pretende ejecutar una atribución que corresponda de manera exclusiva a cada Congreso Local, porque no se modifica la duración de las precampañas ni del apoyo de la ciudadanía -cuestiones que sí son reguladas expresamente en cada una de las leyes electorales locales-, sino que sólo se ciñe a fijar fechas de conclusión para esas etapas.
LEG