Para litigar la liberación del derecho de vía en los terrenos del Tren Maya, la Procuraduría Agraria contrató un ejército de abogados en 2022, conformado por al menos cuatro decenas de litigantes.
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De acuerdo con datos consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se trata de más de un centenar de contratos que van desde los 20 mil hasta los 200 mil pesos, con el objetivo de reforzar las cuestiones legales de las expropiaciones realizadas por el Gobierno federal para llevar a cabo la obra.
Los trabajos fueron asignados a personas físicas por medio de adjudicación directa o por invitación a cuando menos tres participantes, según los registros de la plataforma.
Dichos instrumentos jurídicos están etiquetados “para la prestación de servicios profesionales relativos al proyecto del Tren Maya y sus polos de desarrollo”.
Los contratos fueron asignados por la Procuraduría Agraria, cuyo titular es Luis Hernández Palacios, dependencia que se encarga de solucionar los conflictos por la tenencia de la tierra en el país, así como de darle certeza jurídica a los núcleos agrarios.
La Procuraduría justificó que las actividades derivadas del Tren Maya “sobrepasan la estructura organizacional de esta unidad administrativa, por no contar con personal que desarrolle las diversas funciones, máxime que con ello se estaría en condiciones de realizar en tiempo y forma las actividades de liberación del derecho de vía y obras complementarías en los tramos 5, 6 y 7 del citado proyecto”.
Entre las personas que aparecen con los mayores contratos para apoyar en la estrategia jurídica de liberación de los derechos de vía del Tren Maya están Inés Segovia Camelo, José Luis Enríquez Ambell, Rosario Berenice Chaparro, Angélica Leonor Núñez y Miguel Ángel Nava, con 224 mil pesos cada uno.
Uno de los abogados contratados en julio de 2022 es Francisco Aarón García Frías, por un monto de 224 mil pesos, quien hasta días antes de recibir el contrato era empleado de la Procuraduría Agraria.
Según su declaración patrimonial, renunció el 15 de julio de 2022 y el contrato con la misma procuraduría está firmado el 23 de mayo de ese año; de acuerdo a los documentos en poder de 24 HORAS, García Frías firmó el contrato aún siendo funcionario en activo.
La Procuraduría Agraria lo contrató, entre julio y septiembre, para apoyar en la “supervisión de la información de los convenios de ocupación previa, firmados por Fonatur, el órgano de representación ejidal o comunal, los sujetos agrarios, así como los servidores públicos de las representaciones de la Procuraduría que intervienen en el proyecto del Tren Maya”.
También apoyó en la supervisión y control de la información necesaria “para que los convenios de ocupación previa cumplan con los requisitos legales para su formalización y se apoye en la emisión del informe para la regularización del procedimiento” de las tierras donde se construye el Tren Maya y sus obras complementarias.
En marzo pasado, García Frías tomó posesión como nuevo delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, por lo que hace un par de meses presentó su declaración patrimonial con la actualización de su cargo.
El informe de resultados de 2022 de la Procuraduría Agraria resalta que “se efectuaron acciones en apoyo al Programa de Desarrollo del Tren maya, destacando la formalización del Convenio de colaboración entre la Procuraduría Agraria y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, con el objeto de difundir en comunidades y ejidos las principales acciones, objetivos, alcances y beneficios del proyecto”.
Otro de sus logros en una de las obras emblema de la Cuarta Transformación, señala, es “propiciar al diálogo y consulta a través de asambleas ejidales y comunales, asesoría legal, así como atención integral en las gestiones de los derechos de vía y la realización de acciones focalizadas en los ejidos que se encuentran localizados en el área de influencia del desarrollo del proyecto”.
El Tren Maya se encuentra en etapa de pruebas y se espera que sus primeros tramos sean inaugurados en diciembre próximo. Dicho proyecto será operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la que el Gobierno federal le otorgó la concesión por 50 años.
LEG