El diputado federal Javier López Casarín (PVEM) presentó un punto de acuerdo para pedir que se investiguen de forma exhaustiva los crímenes cometidos contra ambientalistas.
El exhorto dirigido a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pide que las indagatorias conduzcan a la detención de los responsables.
En el exhorto el legislador señaló que uno de los casos más recientes es el homicidio de Álvaro Arvizu Aguiñiga en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, quien fue atacado el 13 de junio en el Centro para la Sustentabilidad de la Sierra Nevada Incalli Ixcahuicopa, de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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El ambientalista, detalló, falleció seis días después a consecuencia de las heridas provocadas con arma punzocortante.
“Condeno rotundamente estos hechos y pido a las autoridades encargadas de la investigación y judicialización del caso que realicen un trabajo exhaustivo y respetando los derechos de las víctimas, así como el debido proceso”, indicó el legislador.
Recordó que en 2018, México firmó el Acuerdo de Escazú ante las Naciones Unidas, mismo que fue ratificado en 2021 y se trata de un instrumento que tiene como objetivo establecer el acceso a la información ambiental, a la justicia ambiental y participar en la toma de decisiones en la materia.
Sin embargo, lamentó López Casarín, entre 2017 y 2021 los ataques contra defensores de la tierra aumentaron de forma considerable.
“En 2018 se registraron 14 casos, mientras que en 2020 hubo 30 homicidios. El reporte de la organización Global Witness señala que en 2021 se reportaron 54 desapariciones o asesinatos de ambientalistas en el país.
“Los defensores y defensoras, así como las organizaciones que buscan la conservación del territorio, protegen el derecho a un ambiente sano. Este último es parte de los derechos humanos que se encuentran establecidos en la Constitución y están aparejados al derecho a la vida, a la salud y a un desarrollo con calidad de vida, pero desafortunadamente hoy defender el ambiente y el territorio se ha convertido una cuestión de vida o muerte”, condenó el verde ecologista.
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Apenas el mes pasado, la directora de Equidad en el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), Itzá Castañeda Camey alertó del aumento de la violencia hacia personas defensoras del ambiente en México en un 82%, de 2021 a 2022, y que incluye la intimidación, agresiones y asesinatos.
La cifra, publicada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), dijo la activista, “resulta alarmante e indignante (…) el informe indica que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 se registraron, por lo menos, 197 hechos de agresión contra personas defensoras de derechos ambientales en México”.
EAM