El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para los procesos políticos de Morena y aliados, así como del Frente Amplio por México, con lo que avaló que los participantes sigan en sus cargos públicos.
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Durante la sesión de este miércoles, la mayoría de magistrados señaló que la elección del constructor del Frente Amplio y del coordinador nacional en Defensa de la Transformación son procesos internos de los partidos involucrados, por lo que no hay impedimento legal para que los participantes sigan en sus cargos.
El proyecto de la magistrada Janine Otálora incluía la renuncia, en un plazo de 48 horas, de los aspirantes, pero fue desestimada por la mayoría de los integrantes del tribunal electoral al considerarlo una medida excesiva.
Otálora insistió en que ordenar la renuncia de los participantes es una “garantía suficiente para asegurar la neutralidad y equidad, así como para prevenir el uso indebido de recursos públicos.
Los lineamientos incluyen fiscalizar los procesos internos como si fueran precampañas y establecerá un tope de gasto de 34 millones de pesos por aspirante.
Se trata de proselitismo adelantado con el que partidos arrancaron la sucesión presidencial, meses antes de que oficialmente iniciaran las precampañas.
Las encuestas también serán fiscalizadas, ya sea que las realicen empresas o personas físicas por su propia cuenta o por orden de partidos, se deberá informar a la autoridad.
También se permitirá las aportaciones de los aspirantes y militantes, pero se prevén restringir que partidos, empresas, gobiernos y organismos internacionales aporten para su proselitismo.
Los participantes podrán aportar hasta 2.1 millones de pesos; los militantes o simpatizantes tendrán un límite de 537 mil pesos y deberán estar plenamente identificados con recibos.
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A su vez, los aspirantes tendrán un tope de gastos de 33.4 millones de pesos, y tal como en las precampañas, deberán entregar un informe de gastos y la Comisión de Fiscalización elaborará un dictamen que será discutido en el Consejo General el 15 de diciembre próximo; es decir, días antes de arrancar las precampañas presidenciales.
RM