A un año de su emisión, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa ignorando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entregar información sobre la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, denunciaron activistas.
En conferencia de prensa, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos denunció que el cumplimiento de la sentencia se ha dado a “cuentagotas”, con obstáculos de la Sedena.
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En este sentido, denunciaron que la Sedena no ha entregado los informes de inteligencia militar sobre la desaparición de los guerrilleros, ni ha mostrado disposición para abrir sus archivos para dar a conocer su paradero.
Reclamaron además la negativa para citar a comparecer a sus mandos militares en instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Retrasaron por varios meses la comparecencia de mandos militares como lo establece la sentencia y que hasta la fecha aún faltan algunos mandos por citar a declarar”, aseguró el Comité.
“Por parte de la FGR existen por lo menos 32 actos de investigación que se han solicitado y que han sido retomados en el análisis de contexto por parte de la Comisión nacional de Búsqueda, los cuales hasta la fecha no se han realizado”, añadió.
Entre estas solicitudes sin resolver exigieron la detención del exprocurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, y Pedro Hernández, excomandante ministerial, prófugos desde hace casi tres años por su responsabilidad directa en la desaparición de los activistas.
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El 10 de agosto de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la sentencia del amparo en revisión 51/2020 a favor de familiares de víctimas de desaparición forzada, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, detenidos y desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en Oaxaca.
Integrantes del comité calificaron la sentencia de “histórica”, al ser la primera emitida por el máximo tribunal por un caso de desaparición forzada cometido contra luchadores sociales y reconocer el caso como una violación a los derechos humanos y un crimen de Estado.
EAM