El diputado federal priista, Mariano González Aguirre, presentó a la Comisión Permanente un exhorto para que el Gobierno de Tlaxcala respete los derechos laborales de todos los afiliados sindicales de la entidad y que no lucre con su salud a través de la derogación de los servicios médicos.
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A través de un punto de acuerdo, el legislador del PRI expuso que en julio pasado, la administración de Lorena Cuéllar anunció que a partir del 01 de agosto de2023 subrogaría las prestaciones médicas vigentes de los trabajadores estatales y pondría en marcha un nuevo programa de módulos integrales a cargo de la Operadora de Servicios Médicos M.L. S.A. de C.V.
Detalló que esta empresa ganó una licitación por un monto de poco más de 105 millones de pesos y con ese capital atenderá a 23 mil 457 empleados en activo y jubilados en módulos que se ubicarán en los municipios de Apizaco, Huamantla, Santa Ana Chiautempan y San Pablo Apetatitlán, así como en dos farmacias en la capital.
REDUCEN PRESTACIONES
Sin embargo, el legislador subrayó que este nuevo sistema viola el contrato colectivo de trabajo firmado en 2021, que sostuvieron los sindicatos con el Gobierno estatal.
González Aguirre aseveró que en el acuerdo vigente se establece que todos los contratados tendrán derecho de acudir al médico de su preferencia con un reembolso asegurado del 71% del costo de la consulta.
Además, recibirán hasta 69% de reembolso en caso de requerir prótesis ortopédicas, el regreso del 100% del gasto en medicamentos y si se solicita, servicio hospitalario en el ISSSTE o IMSS sin ningún costo extraordinario, situación que no contempla el nuevo esquema en ninguno de estos servicios.
El diputado indicó que en respuesta a esta violación laboral, desde el pasado 31 de julio, los sindicatos que conforman el Frente Unido de Trabajadores en Defensa de los Derechos Laborales se movilizaron en distintas regiones de la entidad para exigir al Gobierno dar marcha atrás con este nuevo sistema, pero la respuesta de las autoridades fue con violencia y el uso de la fuerza pública la madrugada del 2 de agosto.
Por ello, exhortó al Gobierno del estado y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la entidad a que presenten un informe detallado de los motivos con los que privaron de sus derechos a los integrantes del Frente Unido el pasado 2 de agosto y a sancionar a los responsables.
LEG