El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya se excedió, en el periodo enero-junio, en 75% del presupuesto que originalmente le fue aprobado por la Cámara de Diputados para este año.
De acuerdo con los reportes de modificaciones al gasto público del primer semestre de 2023, elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al aeropuerto, obra insignia del Gobierno de la 4T, se le autorizaron 836.2 millones de pesos para todo el año.
Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que administra el AIFA, solicitó ampliaciones por 632.2 millones de pesos, que le fueron concedidas, para un gasto total de mil 468.4 millones de pesos… Pero eso solo hasta junio, pues aún es posible que su presupuesto sufra otras variaciones.
Mientras que para el segundo año de operaciones del aeropuerto se le ha autorizado 75% más presupuesto apenas en el primer semestre, otras entidades han sufrido recortes, como el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, cuyo recorte fue de 12%, al pasar de 2 mil 23 millones de pesos a mil 778 millones de pesos.
A su vez, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud tuvo un recorte de 2 millones de pesos en los primeros seis meses de este año.
Al Instituto Mexicano de la Juventud se le aprobaron 122 millones de pesos, pero su gasto fue modificado a 38.2 millones de pesos, lo que significa que le quitaron 68% de sus recursos proyectados para este año.
Las estadísticas aeroportuarias indican que en el primer semestre de 2023, el AIFA tuvo un flujo de pasajeros de un millón 179 mil 597 personas, la mayoría para vuelos nacionales. También se reportaron 10 mil 746 operaciones aéreas comerciales.
En su edición del pasado 28 de junio, 24 HORAS publicó que el Felipe Ángeles, el año pasado, no obtuvo los ingresos suficientes ni para pagar los servicios de limpieza de sus instalaciones, según un cruce de contratos, auditorías y reportes financieros.
Los ingresos netos del aeropuerto, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fueron de 132.2 millones de pesos etiquetados como venta de bienes y servicios.
Mientras que, según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el año pasado el AIFA firmó contratos para servicios de limpieza por 163.3 millones de pesos; es decir, las ganancias de la terminal aérea, uno de los proyectos insignia de la Cuarta Transformación, ni siquiera alcanzaron para cubrir el aseo de sus edificios.
De acuerdo con el contrato AIFA-SRM-SVS-005/2022, el aeropuerto pagó 143.9 millones de pesos a la empresa Ecodeli Industrial por el servicio de limpieza de las diversas áreas del complejo, ubicado en Santa Lucía, Estado de México.
A su vez, firmó el contrato AIFA-SRM—SVS-021 /2022 con el corporativo Aseca por un monto de 19.4 millones de pesos para la recolección de residuos y el barrido de vialidades que integran el aeropuerto.
Otro de los comparativos es que las ganancias del Felipe Ángeles en 2022 son cercanas a lo que se pagó en ese año solo por el servicio por el mantenimiento y operación de la energía de media tensión, cuyo contrato fue para la empresa Fabricante Eléctrico Nacional por 104.9 millones de pesos.
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A su vez, la mitad de lo ganado por el AIFA, en su primer año de operación, equivale a lo que pagó por el servicio de gas LP para darle funcionamiento a su planta de cogeneración de energía, cuyo servicio fue suministrado por Energas de México, con un monto de 65.5 millones de pesos.
Una auditoría externa, practicada por el despacho Auditaxes de México como parte de la Cuenta Pública de 2022, da cuenta de que el aeropuerto de Santa Lucía gastó 383.7 millones de pesos en Servicios Personales, lo que significa la nómina de trabajadores, así como 823.7 millones de pesos en servicios generales, entre los que se encuentran la limpieza, internet, luz, agua, entre otros, así como 61.3 millones de pesos en materiales y suministros.
El año pasado, el AIFA tuvo un subsidio del Gobierno federal por mil 328 millones de pesos, pero resalta que se trata de un presupuesto triplicado a lo largo del ejercicio fiscal, pues originalmente solo se le autorizaron recursos por 419.4 millones de pesos.
La fiscalización señala que “no se pueden comparar datos del ejercicio anterior, puesto que las operaciones iniciaron en 2022, por lo que no se cuenta con ninguna referencia que permita identificar el comportamiento del gasto”.