La aspirante presidencial Xóchitl Gálvez obtuvo una suspensión definitiva para que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje de mencionarla y atacarla con malicia desde las conferencias mañaneras.
El titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, concedió el pasado 11 de agosto la protección de la justicia a la también aspirante a liderar el Frente Amplio por México, pero hasta este lunes se notificó oficialmente en los estados judiciales.
La suspensión definitiva se mantendrá vigente en tanto se resuelve de fondo el juicio de amparo que promovió la senadora, luego de que el Presidente la mencionara en varias conferencias mañaneras como la representante de la oligarquía que fue elegida para abanderar a la oposición en la carrera presidencial.
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A su vez, el juez federal ordenó que se retiren de las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República los materiales audiovisuales en los que se menciona a Xóchitl Gálvez.
La aspirante a la Presidencia promovió el amparo también porque López Obrador vulneró sus derechos humanos al presentar información privada sobre sus empresas y ganancias, por lo que el juez señaló que la suspensión definitiva no impide que se conozca el trabajo de la senadora, sino que es para proteger su dignidad y vida privada frente a los actos de un órgano estatal.
En paralelo, hace unos días el Instituto Nacional Electoral emitió medidas cautelares contra el Presidente para que evite mencionar a Gálvez, en tanto investiga de fondo si el Presidente cometió violencia política en su contra, lo cual será definido por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El juicio de amparo, promovido por Xóchitl Gálvez fue admitido bajo la causa 1179/2023, tiene como responsables al presidente Andrés Manuel López Obrador; el titular de la vocería del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, y al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jesús de la Fuente Rodríguez.
La suspensión definitiva ordena a esos funcionarios dejar de mencionar a la senadora Gálvez y eliminar toda la publicación en su contra, por violaciones al artículo 16 constitucionales, así como evitar entregar información fiscal personal y de sus empresas, si no es conforme a la legislación aplicable.
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La Ley Federal de Amparo contempla sanciones desde multas hasta penas de tres a nueve años de prisión a las autoridades que “no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado” o se resistan a dar cumplimiento a los mandatos judiciales en un juicio de amparo.
Respecto al régimen legal para sancionar al Presidente, en febrero de 2021 entró en vigor la reforma por la que se elimina el fuero para el titular del Ejecutivo en turno, por lo que se le tendría que denunciar ante el Senado que “resolverá con base en la legislación penal aplicable”.
Por su parte, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal comenzó la defensa de los funcionarios denunciados por Xóchitl Gálvez e interpuso un recurso de revisión, bajo el expediente 338/2023 ante el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
LDAV