Chiapas se encuentra en medio de la inseguridad e impunidad, y el aumento de la violencia ha llevado a queso eleven el desplazamiento forzado, las desapariciones, el despojo de tierras, los asesinatos y la tortura, entre otras, alerta el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (Frayba).
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Entre 2010 y octubre de 2022, el Centro documentó el desplazamiento forzado de al menos 16 mil 755 personas y de 2021 a la fecha, en la zona fronteriza con Guatemala hay al menos 2 mil chiapanecos (unas 400 familias) que abandonaron sus comunidades debido a la disputa por el control territorial de grupos criminales.
Según el estudio Chiapas un Desastre, la militarización influyó en el aumento de la inseguridad, pues aunque hay mayor presencia de las fuerzas federales, de 2018 a 2021, la tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes aumentó 32.6%, el narcomenudeo, 36.5% y los feminicidios, 7.4%.
ACCIONES ANTE INDIFERENCIA
Ante este panorama, de entre la población civil han surgido movimientos para hacer frente a la delincuencia, como en Altamirano, donde los pobladores de 109 comunidades y 11 barrios tomaron el Palacio municipal para exigir la destitución del Consejo por su probable vinculación con el grupo de autodefensas 14 de Agosto.
Acusan incumplimiento de promesas y desatención a sus necesidades por parte de los funcionarios públicos, además de una creciente ola de inseguridad.
Otro caso producto del hartazgo de la población es el de Mitontic, donde vecinos de Oxinam retuvieron a los hijos de la edil, Maruca Méndez Méndez, tras exigir el pago de 5 millones de pesos que estaban destinados para obras municipales.
Los jóvenes fueron privados de su libertad desde el 11 de agosto; en un principio fueron exhibidos amarrados, aunque posteriormente enviaron un mensaje a su padre, Fernando López López, alcalde por usos y costumbres, en el que le pedían devolver el dinero robado; lo anterior, fue rechazado por él, quien lamentó no recibir apoyo para rescatar a sus hijos.
Tras la presión a las autoridades, ayer se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda estatal será quien entregue los recursos para la liberación de los muchachos.
LEG