La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, alertó por un intento de debilitamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF) a través de un posible recorte presupuestal que atentaría contra el Estado de Derecho y el sistema de pesos y contrapesos entre Poderes.
Durante una sesión solemne y en la que de forma inédita se reunieron todos los mandos del Poder Judicial, la ministra informó que se presentó en el proyecto de Presupuesto 2024 para el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un monto superior a los 84 mil millones de pesos.
“Para el ejercicio fiscal del 2024, conforme a las expectativas de inflación, el Poder Judicial Federal solicita un incremento real del 4% respecto del aprobado para el 2023. Los recursos solicitados se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto de nuestro país”, indicó.
La propuesta de gasto del PJF tiene justificación “legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados. El ejercicio de estos recursos de los mexicanos será, siempre, atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
Señaló que el Poder Judicial debe tener estabilidad financiera para realizar sus labores, por lo que “el debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho”.
Te podría interesar: Armado, niño de 10 años asalta farmacia en Guanajuato
El Poder Judicial ha sido blanco de críticas por su proyecto de gasto de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado altos salarios y privilegios, además de que defendió la facultad de la Cámara de Diputados para modificar el presupuesto judicial.
Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, reclamó a la ministra presidenta Norma Piña la manera como solicitó un aumento presupuestal para el PJF.
“Primero, decir que no son los tiempos. El periodo legislativo no ha iniciado y el paquete presupuestal no está aún en análisis. Se le está dando cumplimiento a los términos que establece la ley para que recepcione la Secretaría de Hacienda los presupuestos de cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos y de los otros Poderes, y los remita a la Cámara de Diputados en el tiempo que la ley señala”, expresó.
Pero sobre todo criticó la forma, “pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente lo han vuelto un proceso de señales mafiosas”.
Pide TEPJF más de 3.8 mmdp para año de elección
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitó 3 mil 890 millones de pesos de presupuesto para 2024, año en que se realizará la elección más grande en la historia del país.
Oscar Santiago Sánchez, secretario de Administración, destacó que el gasto, en términos reales, es 25% menor al ejercido en 2018, cuando también se renovó la Presidencia de la República.
El desglose indica que 2 mil 788 millones de pesos serán de presupuesto base; 960.1 millones de pesos para el proceso electoral; 56 millones de pesos para proyectos diversos, y un fondo precautorio de 84 millones de pesos por si se requieren recuentos electorales.
Aseveró que “el presupuesto operativo del Tribunal respecto al año inmediato anterior, es decir 2023, está solicitándose en los mismos términos; se está pidiendo exactamente el mismo dinero que en 2023”.
Abundó que “este presupuesto de tres mil 890 millones representa un gran esfuerzo y un gran resultado de la planeación que ha hecho el Tribunal Electoral en el cumplimiento de su mandato constitucional”.
El funcionario detalló que los más de 900 millones de pesos destinados al proceso electoral del próximo año se enfocará en “la contratación de recursos humanos bajo el esquema de personal eventual, que solamente atenderán la calificación de la elección y su seguimiento desde que se inicia el proceso y, posteriormente, pues ya no trabajarán en el Tribunal”.