La violencia que azota a la comunidad de Chichihualco, Guerrero, desató un enfrentamiento a balazos que perduró 12 horas y que generó terror entre los habitantes de Leonardo Bravo.
Vecinos reportan que los primeros disparos se escucharon alrededor de las 8 de la noche y al amanecer continuaban las detonaciones, lo que generó la suspensión de clases y que muchos negocios no abrieron y solo el 30 por ciento labora, así como la suspensión parcial de las diversas rutas de transporte.
Las autoridades no han reportado muertos ni heridos, pese a que se hallaron más de mil cartuchos percutidos y balazos incrustados en puertas y muros de varios inmuebles. Incluso, vecinos aseguraron que en una de las viviendas cayó una granada.
Autoridades de los tres órdenes de gobierno llevan a cabo recorridos por Chichihualco para brindar seguridad y se anunció la instalación de una Base de Operaciones Mixtas.
Ayuda humanitaria
La ayuda humanitaria llegó al poblado El Nuevo Caracol después de un viaje de casi seis horas desde Chilpancingo, pero se entregaron productos de la canasta básica como: arroz, frijol, avena, leche, azúcar, harina, huevo, además de cobijas y ropa.
Los habitantes carecen de estos artículos y otros servicios como transporte, luz, agua, medicinas y tampoco hay clases desde mayo, cuando se intensificaron los ataques presuntamente por parte del grupo delictivo La Familia Michoacana, a través de bombas explosivas con drones y disparos hacia la población desde los cerros.
La caravana partió el martes y la encabezó el sacerdote y coordinador del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, quien el pasado domingo denunció ataques con drones y bombas en su comunidad.
El viaje se prolongó hasta las 14 horas, debido a las condiciones y precauciones por la inseguridad que se deben tomar al pasar por Teloloapan y Apaxtla, además de una inspección de los guardias de seguridad en la presa hidroeléctrica Ingeniero Carlos Ramírez Ulloa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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ANTECEDENTES DE LA VIOLENCIA
El pasado domingo, el padre Velázquez Florencio denunció que desde mayo pasado, los habitantes de El Caracol han sido constantemente atacados con bombas molotov lanzadas desde drones.
En conferencia de prensa, dijo que los habitantes no cuentan ni siquiera con crédito para sus teléfonos celulares para hablar al 911 y pedir ayuda.
Dijo desconocer qué esperan las autoridades para ayudar a la población, pues este año han enfrentado tres ataques: uno en mayo y dos en agosto. “No vemos que haya un interés por solucionar el problema”, acusó el sacerdote.
Detalló que hay militares en la zona que cuidan una presa, pero que el pueblo está desprotegido.
Los habitantes carecen de estos productos de la canasta básica y de otros servicios como transporte, luz, agua, medicinas y tampoco hay clases desde mayo, cuando se intensificaron los ataques presuntamente por parte del grupo delictivo La Familia Michoacana, a través de bombas explosivas con drones y disparos hacia la población desde los cerros.
Al poblado El Nuevo Caracol, el cual fue reubicado en la década de 1980 tras construirse la presa hidroeléctrica de la CFE, nadie puede ingresar; dos urvans y un taxi que brindaban el servicio de transporte público hacia Apaxtla dejaron de trabajar desde diciembre, porque los choferes fueron golpeados y amenazados.
Los camiones repartidores de productos de abarrotes también dejaron de ir, por lo cual los pobladores deben acudir a comprar a la cabecera municipal, Tlacotepec, en un viaje de más de tres horas al sur, en caminos de terracería.
El coordinador del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, el sacerdote Filiberto Velázquez organizó la caravana de ayuda humanitaria e invitó a periodistas y visitadores de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) para documentar los ataques.
El padre Filiberto Velázquez ofició una misa en la comunidad, la cual consideró necesaria para dar fe y confianza a los habitantes mientras esperan la llegada y ayuda de las autoridades.