De todos los estrategas que participaron en el golpe de Estado contra el Presidente constitucional socialista de Chile, Salvador Allende, solo sobrevive Henry A. Kissinger, que era el todopoderoso consejero de seguridad nacional de Nixon y en la coyuntura chilena fue designado el 22 de septiembre de 1973 como secretario de Estado.
La decisión de derrocar a Allende fue asumida en la Casa Blanca porque el chileno había sido el primer caso de ascenso democrático al poder de un candidato socialista-comunista, estaba aliado de manera abierta con el cubano Fidel Castro e internamente había desarrollado una política de rescate de recursos naturales con la expropiación del cobre.
En la campaña presidencial chilena, Estados Unidos había apoyado con dinero y apoyo estratégico a la derecha de Chile, incluyendo financiamiento directo al periódico El Mercurio, de la poderosa familia conservadora Edwards, para utilizar la información como una forma de minar la base social y popular de Allende.
Pero la parte fundamental de la estrategia fue el control de la Casa Blanca y de la CIA de las fuerzas armadas chilenas a través de la subordinación militar al Pentágono. A pesar de las advertencias de Castro y otros grupos políticos sobre las dudas acerca de la lealtad del general Augusto Pinochet, Allende no modificó la estructura militar.
Sólo para establecer una línea estratégica de acción, se trató del mismo modelo que se aplicó en México contra el gobierno constitucional electo de Francisco I. Madero en 1911: repudio a los aliados revolucionarios del presidente, participación directa de la embajada de Estados Unidos en México y apoyo estadounidense al jefe del Ejército del viejo régimen que Madero mantuvo en el poder: el general Victoriano Huerta. El golpe de Estado contra Madero y su asesinato fue fraguado por EU.
A pesar de todas las evidencias, el juicio de la historia contra la Casa Blanca que ha financiado golpes de Estado y asesinatos contra democracias seguirá impune.
Zona Zero
- La respuesta gubernamental a los picos de violencia delictiva se ha reducido al despliegue disuasivo de tropas de seguridad, pero no se perciben iniciativas para combatir al segundo gran problema de seguridad que se está manifestando: la proliferación de bandas delictivas articuladas o independientes a los cárteles del narcotráfico y con una guerra con otros grupos para el reparto territorial de zonas urbanas y rurales en prácticamente toda la República.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh