Desde 2020 y hasta el 30 de agosto pasado, el gobierno federal recibió 2 mil 319 solicitudes de amnistía y ha otorgado 376 beneficios; de ellos, 367 personas se encontraban procesadas por la comisión de delitos contra la salud relacionada con narcóticos a quienes no se les garantizó su derecho a intérpretes o defensores, por tratarse de personas pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas.
De acuerdo con el Informe Anual 2023 sobre Solicitudes de Amnistía Pendientes y Resueltas enviado por la Secretaría de Gobernación al Senado de la República, sólo el 16.2% de las peticiones realizadas han sido otorgadas y de ellas 367 fueron a personas que estaban procesadas con el narcotráfico, 4 por robo simple y tres por delitos en materia migratoria.
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De acuerdo con, del total de solicitudes recibidas, mil 167 ya fueron analizadas y determinadas por la Comisión de Amnistía y 507 se encuentran sin determinación.
De las 507 solicitudes que se encuentran sin determinación, 393 están en análisis, de las que 75 se han concluido, 23 por desistimiento de la persona interesada, 48 por quedar sin materia al haber cambiado la situación jurídica de la persona interesada y 40 por fallecimiento.
Además, 30 de estas se encuentran en reserva sin determinación por no tener información suficiente para su estudio por falta de respuesta de los peticionarios y 9 fueron turnadas al área de la Secretaría de Gobernación encargada de estos asuntos. Y otras 114 solicitudes están concluidas, en reserva o turnadas.
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De acuerdo con el documento, de las 376 amnistías otorgadas, 48 se registraron en 2021; 161 en 2022 y 167 en agosto pasado.
De este total, la autoridad judicial ha calificado de legal 315, extinguiendo de esta manera la acción penal y las sanciones impuestas, eliminando el antecedente penal, restituyendo sus derechos políticos y civiles y obteniendo su inmediata libertad.
Treinta y tres fueron calificadas de no legal; 15 se encuentran pendientes de calificación; 8 han quedado sin materia debido al cambio de situación jurídica de las personas interesadas y en 5 asuntos, la autoridad competente consideró que no contaba con los parámetros suficientes para calificar la legalidad o no del beneficio.