Las personas sentenciadas por delitos de violencia o inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no podrán ejercer un cargo público en la capital.
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Lo anterior luego de que el Congreso local aprobara un dictamen de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para que los agresores no tengan un cargo en las dependencias públicas.
Por lo que se reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública y la Ley Orgánica de las Alcaldías, ambos a nivel local, incluyendo los cargos de los órganos desconcentrados de la Administración Pública, así como las unidades administrativas de las alcaldías.
La diputada Ana Francis López refirió que un alto porcentaje de los juicios en materia de pensiones alimenticias son promovidos por mujeres y madres de familia contra un padre que no cumple con la obligación de proporcionar alimentos y contribuir así a la manutención y desarrollo de sus hijos de manera obligatoria.
El dictamen explica que la falta de pago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias es violencia económica y representa una violación a los derechos de la niñez, y aunque puede pasar desapercibida, tiene cifras alarmantes, pues más de 13.4 millones de mujeres mexicanas la han padecido en algún momento de su vida.
“Las personas servidoras públicas deben ejercer y defender los valores, derechos y garantías, así como cumplir las obligaciones que en la legislación mexicana se marcan; y conducirse en el marco de la legalidad en todos los aspectos de su vida, tanto pública como privada”, aseveró.
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