El Gobierno de México participó en la Tercera Sesión de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT) que se lleva a cabo en la ciudad de Panamá, Panamá.
En el encuentro, la delegación mexicana refrendó el compromiso del Gobierno de con la defensa de los derechos humanos pasa por homologar el entendimiento de la trata como un delito a través del cual las personas pierden todos los derechos y se convierten en objetos susceptibles de ser explotados.
En su participación, México explicó la necesidad de territorializar el entendimiento de este delito en zonas turísticas, donde se genera precisamente turismo de explotación sexual. Asimismo, zonas agrícolas con espacios de explotación laboral, esclavitud y trabajo forzoso.
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También zonas fronterizas, donde la población migrante es altamente vulnerable y está sujeta a explotación; y zonas rurales en las que se recluta a niñas, niños y adolescentes para actividades delictivas y existe el matrimonio forzoso.
Igualmente, en zonas urbanas y metropolitanas en las cuales se concentra la explotación sexual, el tráfico de órganos o experimentación biomédicas.
En representación de México estuvo la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos, y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), ambas adscritas a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Acudieron el titular de la Dirección General de Estrategias y Atención de los Derechos Humanos de Gobernación, Félix Santana Ángeles, y el coordinador del Centro de Estudios Migratorios de la UPMRIP, Miguel Ángel Aguilar, quienes compartieron la experiencia de México con las representaciones de países de Centroamérica, reunidos en Panamá.
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La CORETT es una iniciativa surgida en 2011 y está constituida por nueve países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
CSAS