A nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una relatoría oficial del Gobierno federal señala que el Ejército participó en los hechos del 26 de septiembre de 2014.
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La Narrativa de los Hechos de acuerdo con la Investigación Realizada -documento rechazado por los padres de los alumnos de la normal rural Isidro Burgos tras una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador– indica que, de acuerdo a testimonios, algunos de los estudiantes estuvieron en el 27 Batallón de Iguala Guerrero y fueron entregados a sicarios de Guerreros Unidos.
La nueva relatoría señala que los 43 fueron asesinados de diversas formas y en distintos lugares por Guerreros Unidos, por lo que sus restos habrían sido descuartizados, disueltos en ácido, incinerados, enterrados y cremados en funerarias.
La Narrativa de los Hechos de acuerdo con la Investigación Realizada, entregada a los padres de los normalistas, da cuenta de varias hipótesis sobre destino de los jóvenes y del grado de involucramiento de los integrantes de la Defensa Nacional.
Las hipótesis y acusaciones contra el Ejército están basadas en declaraciones de sicarios de Guerreros Unidos, interceptadas por la DEA y otras obtenidas por Unidad de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UILCA) que no habían sido incluidas en la llamada Verdad Histórica, aunque en el documento el Gobierno federal no llega a una conclusión de los hechos del 26 de septiembre de 2014.
La narrativa retoma parte de la Verdad Histórica sobre cómo llegaron los normalistas a Iguala y lo que pasó previo a su desaparición, pero se bifurca de la versión de la investigación que encabezó el exprocurador Jesús Murillo Karam -hoy preso por el caso Ayotzinapa– en la parte de la entrega y manera de desaparición de los normalistas y el involucramiento del Ejército.
Además de la policía de Iguala, el informe detalla el involucramiento directo del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, donde estuvieron retenidos varios estudiantes y fueron entregados a los Guerreros Unidos por órdenes del capitán José Antonio Crespo, a quien hace unos días se le dictó auto de formal prisión por delincuencia organizada y su participación en el caso Ayotzinapa.
El documento señala que había colaboración de militares de alto rango y mandos de la Policía Federal con Guerreros Unidos, cártel a que proporcionaban armas municiones, ayudaban al trasiego de droga y por ello recibían dinero.
Con base en declaraciones de testigos y mensajes interceptados por la DEA, el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón y Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón, serían los mandos militares involucrados con el crimen organizado.
Sobre el destino de los normalistas tras ser entregados a los sicarios de Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre de 2014, la narrativa identifica al menos seis puntos donde los estudiantes presuntamente fueron asesinados de diversas formas e incluye una versión que señala que algunos normalistas fueron mantenidos con vida días después de los hechos de Iguala.
A diferencia de la llamada Verdad Histórica que señala que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas esparcidas en el río San Juan, la nueva hipótesis oficial indica que los normalistas fueron separados en tres grupos y llevados a lugares diferentes para matarlos.
En Pueblo Viejo, Iguala, varios estudiantes fueron asesinados, quemados con diésel y sus restos enterrados, con ayuda de un trascabo, en un cerro de la zona.
A su vez, en Loma de Coyotes, ubicado en el mismo municipio, la versión es que otros normalistas fueron llevados a una bodega, lugar en la que los sicarios los mataron con arma de fuego y sus cuerpos fueron llevados a una funeraria y al Semefo de Iguala para su incineración.
Un tercer punto es el rancho Los Tilos, ubicado en Iguala, donde al menos 17 normalistas fueron llevados, pero superar en número a los sicarios, estos decidieron asesinarlos con el tiro de gracia, por lo que se presume que algunos fueron enterrados en fosas clandestinas de la zona con ayuda de maquinaria pesada y otros disueltos en ácido, cuya información está basada en los mensajes interceptados por la DEA, pero no incluye una versión científica o forense que lo corrobore.
En un brazo del río Balsas, otro grupo de estudiantes habría sido descuartizado y sus restos arrojados al agua en bolsas negras.
Otro grupo de alumnos de Ayotizinapa fue llevado a Huitzuco, algunos a una barranca y otros a una casa de seguridad, sin que el informe aclare qué pasó con los normalistas en ese lugar.
El informe detalla que otros los trasladaron hasta una casa de seguridad de Tepecoacuilco en el que habrían sido asesinados y descuartizados; sus restos habrían sido trasladados a la funeraria El Ángel para su cremación y los sicarios dispersaron las cenizas en una mina abandonada de Taxco.
A 800 metros del basurero de Cocula, donde se ubicó la Verdad Histórica, está la barranca de la Carnicería, donde presumiblemente se llevaron restos calcinados de los normalistas después del 26 de septiembre y fueron enterrados.
La relatoría indica que al menos seis normalistas estuvieron varios días con vida y retenidos en una bodega, sin que se sepa cuál fue su destino, pero el documento aclara que el 30 de septiembre de 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibió una denuncia anónima con la ubicación exacta de una bodega en la que estaban retenidos los estudiantes.
El documento contiene tres hipótesis sobre por qué se desaparecieron a los estudiantes, una señala que Guerreros Unidos los consideró como infiltrados de Los Rojos; una versión similar se incluyó en la Verdad Histórica.
La otra versión es que se intentó dar un escarmiento a los estudiantes tras las protestas y destrozos al Palacio municipal de Iguala, lo cual también fue incluido en la investigación del anterior sexenio, y la otra hipótesis es la que había señalado el grupo de expertos internacionales que es la presencia de cargamentos de drogas, armas o dinero en alguno de los autobuses que tomaron los normalistas previo a su desaparición.
LEG