El diputado federal Héctor Saúl Téllez (PAN) presentó una iniciativa para sancionar con hasta siete años de prisión y la inhabilitación de hasta diez años a los servidores públicos que inauguren obras que esté fehacientemente comprobado que está inconclusa.
Las reformas propuestas por el panista buscan reformar el Código Penal Federal, la Ley de Obras Públicas y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Además de la pena corporal, Téllez propuso también que en el Código Penal Federal se establezca una multa de 30 a 150 días de multa.
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La iniciativa pretende que la inauguración de obras sin terminar se inscriba en el catálogo de faltas administrativas graves, las cuales tienen como sanción la suspensión, destitución y la inhabilitación temporal hasta por diez años.
“Se adiciona el artículo 63 Ter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que se considere ejercicio ilícito del cargo a cualquier servidor público que afecte el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública al inaugurar, a través de actos o anuncios públicos, obras, proyectos o trabajos inconclusos que no estén en funcionamiento óptimo u operación de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
“En el caso de la Ley de Obras Públicas, pedimos y eximimos que los servidores públicos no podrán llevar a cabo la inauguración de estas obras si no cuentan con una certificación plena que asegure que la obra está completamente terminada y se puede contar con esta obra para ponerla en marcha inmediatamente”, dijo el legislador del PAN.
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Téllez expuso que estos candados son con el objeto de evitar que servidores públicos, como ha pasado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esté inaugurando obras que no están terminadas.
Entre éstas enumeró el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas, el Tren Interurbano México-Toluca y seguramente lo que ocurrirá con el Tren Maya en diciembre próximo.
LEO