¡Qué ironía! Los sobrevivientes del movimiento estudiantil del 68, que tanto fustigaron al gobierno de entonces y no cesaron de fincarle responsabilidad al Ejército por la muerte de decenas de estudiantes, ayer lo justificaron.

Comenzando con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El jefe del Ejecutivo dijo que el “Ejército obedecía órdenes del mando civil, del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Gustavo Díaz Ordaz’’.

Y aún más, dijo que en realidad fue el Estado Mayor Presidencial el responsable de la masacre.

Presuntamente, el Estado Mayor Presidencial fue desaparecido por López Obrador desde su llegada a la presidencia, pero en sus actos públicos una guardia parecida al ¿extinto? grupo es el responsable de su seguridad.

El caso es que, para López Obrador, para Claudia Sheinbaum, para Hugo López-Gatell y Luisa María Alcalde, entre otros, el 2 de octubre sigue siendo una fecha para conmemorar (o lucrar políticamente) y de volver los ojos al pasado sin ninguna proyección del futuro.

La línea del mensaje oficial, desde luego vino de palacio nacional y ninguno de quienes públicamente reflexionaron sobre el hecho y que forman parte del gobierno, se acordaron de la famosa frase “fue el Ejército’’.

La masacre sigue siendo utilizada con fines políticos; es lo que hay.

Y quizá parte de la estrategia para no responsabilizar totalmente a las fuerzas armadas de aquella tragedia estriba en el hecho, entre otras cosas, de que el entonces secretario de la Defensa Nacional era Marcelino García Barragán, abuelo del hoy prospecto morenista para jefe de Gobierno de la CDMX, Omar García Harfuch.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación proyecta declarar “inexistente’’ la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, denunciada por Marcelo Ebrard.

El proyecto de resolución, firmado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, reconoce el “agravio del actor (Ebrard) respecto al incumplimiento de la CNHJ de los plazos intrapartidarios para admitir su queja’’.

Sin embargo, el ministro asegura que “el agravio se torna inoperante’’.

La decisión se sustenta en el hecho de que al momento de la resolución del juicio promovido por Ebrard (que será en los próximos días), el excanciller “ha alcanzado su pretensión consistente en que se admita su queja’’.

En pocas palabras, la queja resulta ociosa porque la CNHJ de Morena aceptó la semana pasada atenderla, como pretendía Ebrard.

Para lo que sirvió la presentación de la denuncia fue para presionar a Morena; eso no se puede negar, pero una vez aceptada, ya no hay material para el trámite, a menos que la mayoría de los magistrados electorales consideren que existen otros elementos de agravio al excanciller durante el proceso de selección (es un decir) del candidato presidencial de Morena.

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A la cargada en favor de Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, considerado el delfín del rector Enrique Graue, se suma una velada amenaza de veto en contra de otros de los aspirantes a ocupar la rectoría universitaria.

Ojalá no ganen viejas y ominosas prácticas de querer imponer sucesor, y que dejen hacer su trabajo a la Junta de Gobierno de la Universidad encargada de analizar cuidadosamente 17 perfiles para elegir a quienes pasen a la etapa final de selección, a partir del 12 de octubre.

Sí está caliente la grilla universitaria y por ahí se ven algunas manos que quisieran quedarse con la rectoría con el pretexto del “cambio’’.

LEG