Con excepción de Coahuila, todos los estados del país renovarán sus congresos locales.
Es decir, estarán en juego prácticamente todas las diputaciones, junto con las 500 federales y 128 senadurías.
Dependiendo del tamaño del territorio y el número de habitantes, los congresos se conforman, por ejemplo, de 27 legisladores en Aguascalientes, 25 en Baja California, 66 en la Ciudad de México y 75 en el Estado de México.
En total se elegirán 19 mil 634 cargos, incluyendo nueve gubernaturas y un presidente de la República. Más allá de nuestras preferencias políticas, podemos pronosticar que será una mujer quien ocupe la titularidad del Ejecutivo federal.
Son 30 entidades las que renovarán presidencias municipales y, en el caso de la CDMX, 16 alcaldías. Durango y Veracruz se quedarán con los mismos alcaldes. También están en juego las sindicaturas y las regidurías.
Como todos sabemos, aunque el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se hagan de la vista ciega y de los oídos sordos, los aspirantes y suspirantes son unos adelantados, por no decir que son violadores a la ley.
Las precampañas inician hasta el 5 de noviembre (y cuatroteístas y antiamloístas) ya tienen candidatas. Y la solicitud de registro de candidatos será hasta el 15 de febrero de 2024.
Las campañas (que ya están a todo lo que dan) empezarán hasta el 1 de marzo y concluirán el 29 de mayo. La jornada histórica será el 2 de junio y los diputados federales, locales y senadores, rendirán protesta de ley, el 1 de agosto. El nuevo Presidente (a) dirá “si protesto” el 1 de octubre.
El sexenio de López Obrador será el primero en el que tendrá efecto aquella reforma (aprobada hace una década) y que recortó el sexenio. Fue en 2014 que se modificó el artículo 83 de la Constitución, que recorrió la toma de protesta del 1 de diciembre al 1 de octubre.
El artículo 229 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) deja claro el gasto que realizan los partidos, coaliciones y sus candidatos. Habla de los gastos de propaganda, gastos operativos, pago de servicios profesionales, uso de equipo técnico y varios etcéteras. Pero debemos hacernos las siguientes preguntas fundamentales:
¿Qué papel jugarán los empresarios que buscan ser proveedores de los distintos gobiernos y los que quieren persuadir a los legisladores para que lleguen hacedores de leyes a los congresos “a modo”?
¿Qué tanto dinero de los gobiernos federal, estatales y municipales acabarán por arriba y abajo de la mesa, en las campañas?
¿Y qué tanto dinero del narcotráfico y grupos delincuenciales entrarán al proceso electoral?
Ojalá el INE y el Trife estén a la altura del proceso que se avecina, para blindar -lo mejor posible de dinero ilegal- las próximas elecciones.
*Periodista, editor y radiodifusor
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