Los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial están llevando los temas de justicia a casos de revanchas personalizadas que terminan por afectar a todo el país.
Es increíble el pretexto que utilizó Morena para vetar, en los hechos, a la terna que había propuesto la Corte para designar a una magistrada de una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Morena y sus rémoras anularon sus votos como les indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, para impedir que cualquiera de las tres propuestas obtuviera la mayoría calificada necesaria.
El pretexto fue, en voz de César Cravioto, que votaban en contra porque “se trataba de un regalo’’ para el magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, quien cometió el pecado capital de proponer una sanción a Claudia Sheinbaum por haber acudido a un evento de campaña del entonces candidato a gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
Según Cravioto, las tres candidatas trabajan para el magistrado por lo que proponerlas para el cargo era “un regalo de cuates’’.
Así que, al igual que sucede con los tres comisionados del INAI que no se han nombrado, habrá que esperar a que los morenistas ya no tengan agravios por cobrar o que reciban órdenes en contrario.
Y aunque no hay ninguna relación formal con el caso anterior, pero destaca en este ámbito de confrontación sin fin entre poderes, está la negativa de un Tribunal Colegiado de Apelación de negarle a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, negó la orden de captura al igual que ya lo había hecho el juez Gerardo Genaro Alarcón Díaz.
La FGR anunció que investigará a los tres magistrados y al juez que le negaron la orden de aprehensión a pesar de haber documentado que García Luna obtuvo 43 millones de pesos durante su gestión pública cuyo origen no pudo comprobar.
Y si a esto le agrega, por si fuera poco, que una juez le prohibió al Ejecutivo referirse a Tomás Zerón como “torturador’’ o “participante en la redacción de la verdad histórica’’, pese al video en el que se ve al jefe policiaco torturar a un presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya verá en qué escenario estamos parados.
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Hoy se supone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el amparo promovido por dos gobiernos estatales para evitar la distribución de los controvertidos libros de texto de educación básica en sus territorios.
El lunes, la consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, se dio una vuelta por la Corte dizque para saludar, aunque lo que hizo fue presentar pruebas en favor de la distribución de los libros.
Aquí veremos otro round de este pleito que promete está más entretenido que las peleas de El Canelo.
La Corte juega de local.
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Cuando ya se celebraba la extradición exprés de Andrés Roemer, detenido en Tel Aviv, la embajada israelita precisó que la noticia es falsa y que el proceso para determinar si el escritor, acusado de múltiples ataques sexuales, tardará meses.
Quién sabe quién malinformó al Presidente pero, si Roemer, detenido, tardará meses en llegar, Tomás Zerón puede seguir nadando de a muertito.