La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que la propuesta de extinción de la mayoría de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, sí afecta a los trabajadores de ese sector.
Dicha iniciativa de ley fue aprobada en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y plantea la extinción de 13 de los 14 fideicomisos, por lo que la Corte indicó que perjudicará los derechos laborales de sus empleados.
En una tarjeta informativa, aseveró que al menos seis instrumentos financieros están relacionados con obligaciones patronales, como seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
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“Estos derechos adquiridos están reconocidos, además de en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado”, indicó la Suprema Corte.
El personal operativo del Poder Judicial representa más del 60% de la plantilla y es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos, indica la Tarjeta Informativa.
De concretarse su extinción, se limitaría la operatividad de ese poder y, con ello, “el derecho al acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad”.
Otros fideicomisos, señaló, atienden necesidades específicas, como es el caso del que sirve para el Desarrollo de infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal.
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Explicó que dichos fondos se utilizan para financiar obligaciones adquiridas en la reforma laboral, así como de la suscripción de tratados internacionales, como es el caso del T-MEC, específicamente, en esa materia.
La Corte consideró la extinción de ese instrumento financiero afectaría directamente a la implementación de las reformas y, por lo tanto, a los compromisos del Estado mexicano.
A su vez, los fondos de otro instrumento financiero se destinan a proyectos de infraestructura, los cuales tienen que ver con los espacios donde se imparte la justicia y que están al servicio de los usuarios del sistema judicial.
La Suprema Corte justificó que la administración de los fideicomisos “es transparente y cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, por lo que la iniciativa aprobada no significa una mejora en este rubro”.
Recordó que los datos monetarios de los fideicomisos se actualizan de manera trimestral en los portales de transparencia y en el Diario Oficial de la Federación.
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La Suprema Corte aclaró que esos recursos “no son para el pago de prestaciones de ministros y el relacionado con casas habitación de magistrados y jueces cubre gastos vinculados con prestaciones inherentes a sus funciones, como es el apoyo para contar con un lugar para residir cuando cambian de adscripción en cumplimiento de las necesidades de la Judicatura”.
“Los derechos tutelados en estos instrumentos normativos no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos de las personas trabajadoras en el PJF que ya cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación de cada fideicomiso, así como de quienes eventualmente cumplirán con ellos”, informó.
La Corte justificó que ese dinero se requiere “para el aseguramiento de estos derechos adquiridos, tanto en el presente como a futuro, con base en análisis actuariales que definen el porcentaje de participación de fideicomisos y el porcentaje de gasto corriente”.
LEO