Senadores de oposición hicieron un llamado a sus compañeros en la Cámara de Diputados a votar en contra de la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que administra el Poder Judicial, al considerar que se deja en la indefensión a los trabajadores y a jueces cuyo trabajo representa un riesgo.
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Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI, adelantó que pidió a los diputados de su partido “cerrar filas en contra de esta aberración y despropósito constitucional”.
Argumentó que, “por supuesto que afecta a los trabajadores, afecta sus prestaciones, afecta a los jubilados, no es lo mediático que maneja el Ejecutivo Federal, que son beneficios de los ministros, porque eso es lo que el orienta a sus seguidores. Esto es una aberración”.
Al respecto, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, acusó que se trata de un “golpe artero” del Ejecutivo contra el Poder Judicial, que afecta su autonomía y sus finanzas, en detrimento de los trabajadores.
“Es un embate más del gobierno federal contra todo lo que tenga un halo de independencia, como es el caso del Poder Judicial. Me parece un absurdo, creo que es un exceso, y otra vez lo que hace el gobierno federal es excederse en la manera en la que ejerce el poder y el irresponsable manejo de sus mayorías legislativas”, expresó.
Mientras que el líder de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, lamentó que la bancada de Morena en San Lázaro, no haya revisado bien las modificaciones que pretende aprobar, “estamos de acuerdo que se hagan acciones de austeridad”, reconoció, pero no a costa de afectar a los trabajadores.
Pidió revisar la línea de cada Fideicomiso toda vez que algunos están constituidos para comprar vehículos blindados para darle protección a jueces y juezas que llevan asuntos de altísimo riesgo.
Hay otro fideicomiso, dijo, para el mantenimiento de las casas de cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros que están pactados en las condiciones federales de trabajo y “si eso no se paga va a haber una afectación a los trabajadores, porque está en las condiciones generales de trabajo”.
El ex jefe de Gobierno, adelantó que estas modificaciones serían impugnables vía una acción de inconstitucionalidad o mediante la interposición de juicios de amparo por parte de los trabajadores.
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“Puede haber materia para una acción de constitucionalidad, porque finalmente es una ley, es un procedimiento parlamentario y que también es muy probable que haya muchos trabajadores y trabajadoras que ante esta afectación se vayan a tramitar juicios de amparo. (…) Lo pueden hacer en amparos acumulados y seguramente con el criterio que tiene el propio Consejo de la Judicatura correspondería a un tribunal resolver una acumulación de amparos”.
RM