La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó denuncia penal en contra de Grupo México por incumplir su obligación de remediar el daño ambiental y a la salud de los habitantes de Cananea, Sonora, provocados por el derrame de residuos peligrosos ocurrido hace nueve años en la mina Buenavista del Cobre.
La titular de la Semarnat, María Luisa Albores, aseguró que lo ocurrido en 2014 “no fue un accidente, fue una negligencia de la empresa. Nosotros, el 17 de agosto pasado, hicimos una denuncia penal a Grupo México porque no ha cumplido con la remediación ambiental”.
En la conferencia Mañanera, detalló que la empresa minera propiedad del empresario Germán Larrea presuntamente ha incumplido el compromiso de remediar los daños ambientales que provocó en el Río Sonora al que derramó, en agosto de 2014, 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre.
La funcionaria federal dijo que este es considerado el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México y que pese a que el 15 de septiembre de ese año, Grupo México y la Profepa celebraron el “Convenio para la realización de acciones con el objeto de remediar, reparar y compensar los daños ambientes, a la salud pública, así como reparar los daños materiales a las personas, derivadas del derrame”, éste no se ha cumplido.
Indicó que un diagnóstico ambiental en el Río Sonora se encontró que los metales rebasan los valores permitidos por las normas nacionales e internacionales.
Además de que la actividad de los insectos de la zona pone de manifiesto el impacto de minería en la región como es que la presencia de mercurio excedió los niveles recomendados; se encontraron altos niveles de acidez en el suelo además de que a lo largo del río hay altas concentraciones de metales pesados, además de que:
“En los pozos de agua potable hay presencia de arsénico, hierro y floruros que generan acumulación en seres vivos como implicaciones negativas también a la salud de las personas”.
Por todo lo anterior, la Semarnat pidió a Grupo México un nuevo programa de remediación que cuente con el aval de las comunidades y con seguimiento puntual de la dependencia, tanto en materia ambiental como legal.
LEG