En los primeros 12 años del Diario 24 Horas, el salario mínimo en el país tuvo un aumento considerable, pero no suficiente y no fue para todos, determinó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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Y es que a principios del gobierno de Enrique Peña Nieto en 2012 el salario mínimo, que se usa como medida y sensor para medir los sueldos en el país era de apenas 60.62 pesos y este 2023 en el penúltimo año de Andrés Manuel López Obrador está ubicado en los 207 pesos en el centro del país.
Desde 1976 que fue el año en que tuvo su pico más alto, no se había mostrado una trayectoria de incrementos como hasta ahora, aseguró Nataly Hernández, economista del IMCO.
“Se calcula que el salario mínimo perdió desde los años 80 un 70% de su poder adquisitivo, es lo que veíamos antes de 2018, entonces fueron cuatro décadas de deterioro”, comentó.
Saludó que desde 2019 a la fecha se registran cinco aumentos considerables al mínimo por parte de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). La economista agregó que “sí contemplamos los últimos 12 años pues vemos cómo el salario mínimo en general ha crecido alrededor de 119% en el país”.
Detalló que se duplicó en estos últimos 12 años al pasar por ahí de los 70 pesos hasta los 168 digamos ya en términos reales, “ya descontando el efecto de la inflación”.
Hernández puntualizó que está política impulsó la recuperación económica de los hogares de más bajo nivel, algo que se estaba perdiendo. “Fueron los trabajadores con menores ingresos quienes finalmente resultaron impactados con los incrementos”.
La investigadora del IMCO reconoció que el salario mínimo “no es una bala de plata”, tiene muchas limitaciones no ha sido suficiente sobre todo por los niveles inflacionarios que mantienen los precios de la canasta básica y otros productos, pero sin duda hay que aceptar que contribuyó a reducir los niveles de pobreza en el país.
Destacó que se han beneficiado con estos incrementos a por lo menos 6.4 millones de trabajadores afiliados al IMSS, cerca del 12% del total de la población con empleo y que se encuentran en los estratos más bajos de la escala económica.
Nataly Hernández abundó que la medida está pensada para los trabajadores formales en empresas legalmente constituidas y que cuentan con un salario contractual que no puede ser menor ya al que está estipulado en la ley. Los grandes afectados, precisó, siguen siendo los empleados de la informalidad que no cuentan con las prestaciones básicas que marca la legislación vigente.
“Sabemos que en nuestro paós, cerca de la mitad de los trabajadores son informales y pues no cumplen sus derechos con las características y quedan excluidos de los beneficios mínimos”.
LEG