La lógica de la política exterior de Estados Unidos se basa, como lo consolidó el estratega Henry A. Kissinger, en la dominación de los intereses nacionales estadounidenses sobre los intereses de otras naciones. Así ha ocurrido en la guerra de Ucrania y así se está manifestando en la guerra local en la Franja de Gaza.
La política exterior del gobierno del presidente López Obrador, como ocurrió en las crisis en Cuba, Chile y Nicaragua, ha estado privilegiando los intereses nacionales mexicanos por encima de los intereses estadounidenses: el respeto a la migración, la soberanía en materia de seguridad en el narcotráfico, la prioridad de los recursos naturales mexicanos y las empresas del Estado dentro del Tratado y sobre todo una doctrina nacionalista de seguridad nacional.
Ante la Guerra en Ucrania que responde a los intereses geopolíticos de EU y la OTAN para acotar a Rusia, México se salió de la instrucción estadounidense de sancionar al Gobierno de Putin. Ahora, ante la guerra Israel-Palestina por un conflicto territorial por intereses estadounidenses que la ONU no ha sido incapaz de solucionar, México opta por impulsar negociaciones sin condenar a ninguno de los dos protagonistas.
Las posiciones doctrinarias del Gobierno de México ante Ucrania e Israel recuerdan la crisis de 1962, cuando la Casa Blanca ordenó a la Organización de Estados Americanos que todos los países de la región rompieron relaciones diplomáticas con el gobierno marxista de Cuba y México se negó a obedecer esas instrucciones aplicando su política exterior constitucional de autonomía de sus intereses.
Los enfoques de dominación imperial de Washington no pasan por los principios históricos de política exterior mexicana de convivencia entre los pueblos, porque a México nunca le gustaría que otros países apoyarán a Estados Unidos en sus planes, por ejemplo, de invadir el país con fuerzas militares beligerantes para combatir en territorio mexicano a los cárteles.
Las guerras de Estados Unidos responden a los intereses de Estados Unidos.
Zona Zero
- El presidente López Obrador lanzó acusaciones muy graves contra la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, por el caso de fabricación de cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, nada menos que secretario de la Defensa Nacional y jefe del Ejército en el sexenio 2012-2018. La posición firme de México obligó al poderío estadounidense a liberar al funcionario. Por tanto, a los ojos de la ley y de la opinión, el general Cienfuegos es inocente.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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