Cada día es más amplio el territorio que dominan los cárteles de la delincuencia organizada, sin que ninguno de los tres niveles de gobierno pueda (o quiera) evitarlo.
El problema es que esos grupos serán los que decidan candidaturas de alcaldes, diputados y quizá senadores, si no hay una adecuada supervisión de los propios partidos y de los órganos electorales.
En la elección del 2021, fue notorio cómo la delincuencia organizada participó activamente en las elecciones de Sinaloa, Michoacán y Sonora, entre otros estados, imponiendo a “su gente’’ en puestos clave de la administración municipal.
Esta intervención ha sido denunciada por la oposición, por la iglesia, por grupos ciudadanos, por defensores de derechos humanos y activistas de toda índole.
Pero nada ha pasado.
Con un INE debilitado, entrampado entre el cumplimiento de la ley y las preferencias ideológicas de su presidenta, ¿quién o qué organismo puede garantizar que en las listas de candidatos que próximamente veremos a todos los puestos de elección popular en disputa no se cuelen representantes de la delincuencia organizada?
Más aún, ¿cómo garantizará el INE que no haya dinero del narco en las campañas si ni siquiera puede supervisar las abiertas violaciones a la ley con las campañas simuladas de corcholatos y corcholatas?
La del próximo año será, sin duda, la elección más riesgosa en la historia política reciente de nuestro país.
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Los eventos más generosos (políticamente hablando) y más numerosos que ha tenido la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, han sido organizados por el PRI.
Gálvez fue arropada hace cosa de un mes por todos los presidentes de los comités estatales y municipales, así como por todos los integrantes del comité nacional, gobernadores y exgobernadores tricolores.
Ayer, en su tierra, Hidalgo, la virtual candidata volvió a ser cobijada por la militancia priista que ya la hizo su abanderada.
De ahí que las versiones que hablan de un distanciamiento entre Xóchitl y Alejandro Moreno, presidente del PRI, por lo menos están mal informadas porque dentro del Frente, ningún otro partido tiene la capacidad de movilización que tiene el otrora partidazo.
Que sí está medio oxidada, es otro tema.
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El municipio en el que nació el presidente Andrés Manuel López Obrador, Macuspana, Tabasco, sufre ya también el embate de la delincuencia organizada.
La madrugada de ayer fueron incendiados negocios y vehículos presuntamente por la disputa territorial entre dos cárteles rivales.
Tabasco ya había sido noticia por la presencia de estos grupos que secuestraban a ganaderos y empresarios, asaltaban en las carreteras interestatales y cobraban derecho de piso.
Pero habían guardado cierta distancia con el municipio de origen de López Obrador.
La impunidad con la que actúan, el desgobierno de Carlos Manuel Merino Campos, quien es el sustituto de Adán Augusto López y un presidente municipal bastante limitado no solo en recursos humanos y financieros, han permitido que los demonios se suelten en el edén.
¿Qué hará el Presidente? ¿Mandar a la Guardia Nacional tres días y después removerlos para que apaguen el fuego en otros municipios igualmente tomados por la delincuencia?
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Parece que el panismo yucateco está a punto de sufrir una baja importante.
Liborio Vidal, secretario de Educación del gobierno de Mauricio Vila, se prepara para dar el salto a Morena.
Vidal cuenta con simpatías dentro del panismo y sí, sería un rival de peligro para el candidato aliancista Renán Barrera Concha.
Hay que ver si mañana Vidal es incluido en la lista de precandidatos que anunciará Mario Delgado y que participarán en la famosa encuesta fantasma.